Notas principales

28 Abril, 2026

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Notas principales

Gobierno del Estado ha logrado inserción laboral de más de 8 mil jóvenes

01 Oct 2018

585 veces

Dijo que esto es parte de las medidas para cumplir con las instrucciones del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, de implementar los mecanismos para facilitar fuentes de empleo a las personas mayores de 18 años de edad en adelante.

Como Veo, Doy. Diputado Sergio Mayer, se tambalea en la Comisión de Cultura. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

01 Oct 2018

391 veces

Vaya resbalón que el partido del Movimiento Regeneración Nacional ha dado en la Cámara de Diputados al nombrar como presidente de la Comisión de Cultura a Sergio Mayer, persona muy conocida por su actuación en series de televisión y otros espectáculos

Desde San Lázaro. El retorno de los dinos y los poderes fácticos. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Oct 2018

397 veces

¿Qué hacer cuando un candidato llega, 20 años tarde, a la presidencia de la república y que además tiene el control de los tres poderes de la Unión? La respuesta está en el activismo de los poderes fácticos, quienes ejercen los contrapesos necesarios para evitar que las políticas públicas

Desde San Lázaro. Políticas de fondo para soluciones efectivas. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Sep 2018

414 veces

El diseño de cualquier política o programa de gobierno debe contemplar el origen del problema que pretende solucionar o corregir

Inversión privada concertada de 99.4 mil millones de pesos en 3 años: JM Carreras

27 Sep 2018

625 veces

En tres años de la actual administración estatal, se logró concertar una inversión privada de más de 99 mil 400 millones de pesos, lo que equivale al total del sexenio anterior

Desde San Lázaro. Alcanzar la equidad: una lucha que persiste. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Sep 2018

444 veces

La emancipación y posición actual de la mujer son el fruto de constantes reivindicaciones de igualdad de derechos entre sexos, protagonizadas por mujeres ilustradas en la Revolución Francesa

Desde San Lázaro. La injusta criminalización de la práctica docente. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Sep 2018

373 veces

Las diversas caras de la crisis nos ahogan en un mar de desesperanza, frustración e inquietud frente al futuro de nuestra sociedad. La educación es una tabla de salvación que pretende desvincularnos del atraso

Desde San Lázaro. Desigualdad social, el reto de la próxima administración. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Sep 2018

384 veces

Durante la última década, los gobiernos de América Latina enfocaron sus esfuerzos en la disminución de la pobreza y la ampliación de las oportunidades de los sectores más postergados, mediante la implementación de políticas públicas incluyentes

Como Veo, Doy. Sin fuero, nace vida política de la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

24 Sep 2018

463 veces

Tal como se mandató en la Reforma Política que modificó el artículo 122 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor la semana pasada fundamentalmente en lo que se refiere al funcionamiento del Poder Legislativo local

Desde San Lázaro. “Por los demás”, Puebla y Coyoacán. Por: Alejo Sánchez Cano.

24 Sep 2018

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Con el arrebato de la victoria en Coyoacán, por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la CDMX, a la coalición PAN-PRD-MC, encabezada por el ex futbolista, Manuel Negrete

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.