Notas principales

28 Abril, 2026

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Centro de Autismo y el Centro de Ciegos y Débiles Visuales, para noviembre

10 Jul 2018

545 veces

Ordaz Coppel refirió que se trata del primer Centro de Autismo que tendrá Sinaloa, e incluso el único a nivel regional en el noroeste, además del Centro para Ciegos y Débiles Visuales

INE ratifica triunfo de AMLO y entrega resultados al Tribunal Electoral

08 Jul 2018

483 veces

El TEPJF dictaminará la validez a más tardar el 6 de septiembre para darle la constancia de presidente electo a López Obrador

Ejército de EU da de baja a inmigrantes enrolados que podrían naturalizarse

08 Jul 2018

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Algunos de los miembros del Ejército de Estados Unidos dijeron que no les notificaron la razón por la que habían sido dados de baja.

Atiende gobernador carreras a los afectados por incendios en Temazunchale de SLP

08 Jul 2018

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Tras recorrer la zona del siniestro para supervisar las labores de atención y lamentar los hechos, el mandatario potosino giró instrucciones a los titulares de las diversas dependencias estatales para apoyar con todo lo necesario en la recuperación de esta zona.

Participa Sinaloa en el Cuarto Encuentro Nacional de Gestión de Emergencias Mayores

04 Jul 2018

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Debido a la gestión realizada por el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, participaron en este encuentro nacional, elementos operativos de las coordinaciones municipales de El Fuerte, Navolato, Culiacán, Elota y Mazatlán, así como de la propia institución.

Empresas potosinas incrementarán sus contrataciones a partir del tercer trimestre de este año: Manpower

03 Jul 2018

497 veces

Resultado del desarrollo económico que vive la entidad por el impulso del Gobierno que encabeza Juan Manuel Carreras López, la empresa Manpower Group, especializada en soluciones en capital humano reveló en un estudio que la Tasa Neta de Empleo (intenciones de una empresa para incrementar su planta laboral) para la zona metropolitana de San Luis Potosí, es del +16%, es decir 5 puntos porcentuales a la media nacional y 3 puntos en comparación con la región noroestes.

Desde San Lázaro. La peor derrota para el PRI. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Jul 2018

533 veces

La estrepitosa derrota sufrió por el PRI lo pone en la cuenta regresiva de su extinción con la actuación más desastrosa en las competiciones presidenciales. Vamos ni con Francisco Labastida ni Roberto Madrazo se hizo un papel tan lamentable.

33 centros de verificación de 57 se encuentran operando en la CDMX

03 Jul 2018

478 veces

Además se tuvieron que reprogramar decenas de citas ante la caída del sistema en 14 centros; la falla, explicaron, se debió a que los servidores no está actualizados y por ello el sistema centralizado bloquea la operación.

FEMADE recibió 8 denuncias por probables delitos electorales

02 Jul 2018

433 veces

Lo anterior, lo manifestó el titular de esa Fiscalía, Javier Montalvo Pérez, acompañado del subprocurador de procedimientos jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Aarón Edmundo Castro Sánchez.

Sinaloa avanza con las sesiones de trabajo para atender la alerta de violencia de género

30 Jun 2018

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Estas Mesas fueron instaladas la semana anterior por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno e ISMujeres, con las que se están generando acciones a mediano plazo que se vislumbren en proyectos y obras que se sumarán al Programa de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.