Notas principales

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Con el Programa de Leche y Huevo beneficiamos a miles de familias en Coahuila: Manolo

14 Nov 2024

343 veces

El Mandatario estatal mencionó que en los primeros cien días de su gestión el frente del Ejecutivo, se pusieron en marcha proyectos, programas y obras en todas las regiones de la entidad

El SNTE sigue dando lecciones de democracia y paridad de género

14 Nov 2024

267 veces

El también senador expresó que se viven nuevos tiempos y ningún ámbito de la vida laboral se puede concebir sin la equidad de género y sin la igualdad de oportunidades

Desde San Lázaro. Va en serio el combate a los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Nov 2024

301 veces

Desde luego, en 45 días es imposible tener grandes logros en el abatimiento de los índices delictivos, aunque a juzgar por el trabajo de inteligencia

Desde San Lázaro. Un nuevo partido político pro Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Nov 2024

337 veces

El enemigo está en casa, lo hemos dicho desde hace años, el adversario real del oficialismo está en sus intestinos que lo corroen diariamente

Desde San Lázaro. La 4T no necesita a la oposición. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Nov 2024

291 veces

Todo está diseñado para que Morena y aliados se enquisten en el poder por un largo tiempo y más aun con una oposición timorata que se refugia en las manos de un perdedor

TEPJF garantiza, a través de sus sentencias, los derechos político-electorales de las comunidades indígenas

11 Nov 2024

292 veces

Los talleres y las actividades que realiza la DGRIN pueden visualizarse en el canal de YouTube del TEPJF

Para avanzar en la construcción de paz, Mara Lezama impulsa la investigación científica en las niñas y los niños

11 Nov 2024

290 veces

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reafirmó el compromiso de su gobierno, humanista con corazón feminista

Coahuila es líder nacional en producción de autos eléctricos

11 Nov 2024

322 veces

Este porcentaje equivale a 46 mil 166 unidades, de 65 mil 045 unidades eléctricas totales que se fabrican en México

El SNTE y el IPN inician proceso de basificación 2024-2025 para docentes y personal de apoyo

11 Nov 2024

362 veces

Cepeda Salas celebró que desde el sexenio anterior se ha revalorado a los maestros y expresó su satisfacción porque ese compromiso se ha mantenido

Como veo, doy. Ganaderos cierran filas con autoridades en el combate al gusano barrenador. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

11 Nov 2024

417 veces

Las advertencias y alertas para evitar la llegada del gusano barrenador del ganado están dadas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.