Notas principales

18 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. El gobierno de la 4T alineado a Cuba, Venezuela, Rusia, China… Por: Alejo Sánchez Cano

22 Ene 2025

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Hay que tomar en cuenta que existen razones de fondo que provoca la reacción de Trump contra el gobierno mexicano

Desde San Lázaro. Tiempos de dolor. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Ene 2025

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No dejó títere con cabeza el magnate, les pegó a todos sus adversarios, principalmente a México y los demócratas

Como veo, doy. Nace el TUCOD, en rechazo a las duras posturas de Donald Trump contra la comunidad latina. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

20 Ene 2025

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Migraciones hay en todo el mundo, es cierto, algunas tienen su origen en situaciones de guerra y otras más surgen por carestías o necesidades

Desde San Lázaro. Estaciones de migración, bombas de tiempo. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Ene 2025

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Estamos ante el peor de los mundos, por un lado, la repatriación masiva y por otro, funcionarios mexicanos ineptos

Desde San Lázaro. La oligarquía de los ricos pretende dominar al mundo. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Ene 2025

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La pretensión de Trump no es desbaratar el acuerdo comercial, el T-MEC, sino manejarlo a su antojo

Desde San Lázaro. El ISSSTE se va de viaje turístico. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Ene 2025

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Ahora es una pequeña oficina de viajes que ha perdido su atractivo entre los trabajadores y tan solo algunos burócratas todavía la utilizan

Desde San Lázaro. La Reforma Electoral de Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Ene 2025

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Si logra la presidenta imponer su voluntad entre los legisladores morenistas para aprobar este punto de la reforma electoral, estaríamos hablando de un logro relevante y congruente

Desde San Lázaro. Plan México, carta de navegación a una nueva era. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Ene 2025

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El Plan México tiene el sello distintivo de alguien que tiene una visión sustentable, humanista e inclusiva en las tareas de gobernar

Como veo doy. 100 Días, con rendición de cuentas sigue la transformación. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

13 Ene 2025

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No sé si cien días sean muchos o pocos para evaluar el desempeño del inicio de una administración de gobierno.

Desde San Lázaro. El acarreo como una herramienta de poder del populismo. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Ene 2025

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El modelo se replica en una copia fiel que, hace dudar, de que AMLO se ha retirado de Palacio Nacional

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.