Notas principales

18 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Un mesías amenaza al mundo. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Mar 2025

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Donald vive en un mundo de ensueño en donde él es principal protagonista y redentor del mundo

Dede San Lázaro. Aranceles vs mitin en el Zócalo. Por: AlejoSánchez Cano

05 Mar 2025

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El llamado a la defensa de México y su soberanía por parte de Sheinbaum, responde más a la estrategia de un populista de izquierda que a una acción de un estadista

Desde San Lázaro. Que alguien le explique a Trump. Por: Alejo Sánchez Cano

04 Mar 2025

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La imposición de aranceles representa un obstáculo que frena el progreso y pone en jaque la cohesión que ha permitido a la región prosperar durante décadas.

Como veo, doy. En vilo, la Iniciativa contra el nepotismo. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

03 Mar 2025

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Hasta donde se sabe, la propuesta presidencial pretende detener prácticas que hasta ahora han permitido en nuestro sistema político la llegada a cargos de elección

Desde San Lázaro. Hay que hacer la tarea para México, no para Trump. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Mar 2025

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La presidenta debe hacer la tarea para dar resultados a los mexicanos y evitar darle gusto en todo a Donald Trump

Desde San Lázaro. Cinco meses a contracorriente. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Feb 2025

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La visita a Washington de la delegación mexicana en materia económica y de seguridad pública, representa el mayor esfuerzo hecho por nuestro gobierno

La elección de personas juzgadoras dotará a México de un sistema de justicia cercano a la ciudadanía: magistrado Felipe Fuentes

27 Feb 2025

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La elección de personas juzgadoras será legítima, confiable, transparente y dotará a México de un sistema de justicia que realmente aplique la Constitución con la cercanía que la ciudadanía exige

Este gobierno no se vende; este gobierno defiende al pueblo. El agua es un derecho, no un privilegio: Mara Lezama

27 Feb 2025

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Mara Lezama enfatizó que el tema de la concesión de Aguakan responde a la voz del pueblo, de la gente trabajadora y buena que no tiene un servicio eficiente

El magisterio indígena y afromexicano es de altísima prioridad para el SNTE: Cepeda Salas

27 Feb 2025

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Cepeda Salas destacó la importancia de los docentes indígenas que tienen el reto diario de preservar, fortalecer y revitalizar las culturas de los pueblos, así como sus 68 lenguas con 364 variantes lingüísticas

Juntos por la prevención y el combate a los incendios forestales: Manolo

27 Feb 2025

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Jiménez Salinas indicó que el trabajo de las alcaldesas y alcaldes es fundamental en el tema de combate a un incendio forestal, a ser los primeros respondientes

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.