Notas principales

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Desde San Lázaro. El acelere de Andy causa daños en Morena. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Feb 2025

302 veces

Si vamos a medir quien es más corrupto entre Nahle y Yunez, pues la verdad los dos se andan dando un tiro

Desde San Lázaro. Mesura ante los embates trumpistas. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Feb 2025

251 veces

Unos, ya exigen ante la delirante agresión, contestar con otra. La ley del Talión en su máxima expresión

Desde San Lázaro. Jueces agachados ante el poder. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Feb 2025

301 veces

Pero eso no importa para la presidenta, porque el caso es tener un Poder Judicial subordinado a sus designios

Como veo, doy. “Salud Casa por Casa”, política pública de gran calado. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

17 Feb 2025

283 veces

El registro a dicho programa se está realizando a través del referido censo donde participan aproximadamente 20 mil servidores de la nación

Desde San Lázaro. Aranceles e intervención quirúrgica militar. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Feb 2025

304 veces

La amenaza de aranceles al aluminio y acero, no es nada para lo que están pensando en Washington para doblegar al gobierno mexicano

Desde San Lázaro. La contrarreforma de Martí Batres. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Feb 2025

386 veces

Martí Batres no evaluó los alcances de la iniciativa y se fue con el canto de las sirenas de que con el apotegma progresista de que paguen más los que tienen más

El TEPJF declaró improcedentes diversos juicios relacionados con el proceso electoral extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación

13 Feb 2025

297 veces

En sesión pública presencial, el pleno consideró que existen situaciones de hecho y de derecho que han generado que la pretensión de las partes impugnantes se torne inalcanzable

Diversificación y liderazgo turístico con inauguración del Hotel Excellence Coral Playa con 470 habitaciones y 3 mil nuevos empleos: Mara Lezama

13 Feb 2025

417 veces

La Gobernadora, anfitriones e invitados recorrieron las instalaciones del hotel, saludaron a las y los trabajadores

Logra el SNTE histórica regularización para maestros de Educación Media Superior

13 Feb 2025

300 veces

En cuanto a prestaciones, en marzo próximo se liberará el Estímulo por Antigüedad para 3 mil 269 trabajadores de los subsistemas mencionados.

Fortalecemos nuestra coordinación en la región Norte: Manolo

13 Feb 2025

258 veces

Si trabajamos en unidad, en coordinación, no hay adversidad que se nos pueda presentar en el camino que no podamos vencer

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.