Notas principales

18 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Castigo ejemplar a narcopolíticos. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Mar 2025

277 veces

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma el segundo párrafo del artículo 19 y adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 40

Desde San Lázaro. La guerra de aranceles le pega Trump. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Mar 2025

272 veces

El paroxismo mostrado por los republicanos en el informe del presidente en el Capitolio, contrasta notablemente con lo que ocurre entre los mercados

Se reúne Mara Lezama con el Cónsul de EE.UU Justen A. Thomas para fortalecer la inversión y el turismo en Quintana Roo

11 Mar 2025

277 veces

La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió hoy con el Cónsul de los Estados Unidos, Justen A. Thomas en la que hablaron sobre temas de inversión y de turismo, de interés para ambos países

La Constitución mexicana tiene un contenido relevante con perspectiva de género: magistrada presidenta Mónica Soto

11 Mar 2025

253 veces

En la sesión preparatoria para la participación de la delegación en la CSW69, la magistrada presidenta Soto destacó la perspectiva implementada por este órgano de impartición de justicia

Arrancan Gran Operativo para Prevenir y Combatir Incendios Forestales "Prevengamos incendios, cuidemos Coahuila"

11 Mar 2025

282 veces

En Coahuila el cuidado de nuestros bosques, del medio ambiente y todos nuestros recursos naturales tiene rumbo y es pa' delante

México cuenta con el SNTE para lograr la dignificación de las mujeres

11 Mar 2025

264 veces

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, conmemoró la fecha junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora

Desde San Lázaro. Distraídos en el 2030. Por: Alejo Sánchez Cano

11 Mar 2025

271 veces

En el grupo de “distraídos” estaba Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, el otro niño verde, Manuel Velasco y su correligionario Carlos Puente, además del senador morenista Alejandro Esquer,

Desde San Lázaro. Tres manifestaciones: la buena, la mala y la fea. Por: Alejo Sánchez Cano

10 Mar 2025

350 veces

Hay de movilizaciones a movilizaciones, todo depende del cristal con que se miren y de los propósitos que persiguen los manifestantes

Responde CNOG al llamado de Agricultura de apoyo al Gobierno de México

10 Mar 2025

350 veces

Destacó la importancia de la unidad en el sector ganadero ante los retos actuales que enfrenta México

Desde San Lázaro. Sheinbaum da golpe de timón. Por: Alejo Sánchez Cano

07 Mar 2025

275 veces

En este contexto, no hay que escatimar los reconocimientos a la presidenta y sus colaboradores

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.