Notas principales

18 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. El nepotismo, la otra cara de Morena. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Feb 2025

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Mala señal en los principios del sexenio de la doctora, la sublevación de sus correligionarios y aliados que la doblaron

Desde San Lázaro. Rebelión en la granja del Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Feb 2025

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Hay legisladores de esta franquicia que se han reelecto tres veces como diputados federales y si no fuera por la reforma Sheinbaum, se mantendrían en el Congreso para toda la vida

SRCDMX revoca resolución del TEEP relativa a la representación del Partido de la Revolución Democrática ante el consejo general del IEEP

25 Feb 2025

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Se revoca resolución del TET que declaró extemporáneo el escrito de alegatos ante un procedimiento ordinario sancionador

Supervisa y entrega Manolo más infraestructura de seguridad para la región Norte

25 Feb 2025

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Durante la jornada, el gobernador entregó y supervisó los avances de instalaciones de seguridad en los municipios de Hidalgo y Guerrero

Fin a la época de la USICAMM

25 Feb 2025

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Los foros se efectuarán del 25 febrero al 11 de marzo. Participarán legisladores, funcionarios de Educación Pública y maestros

Encabeza Mara Lezama ceremonia conmemorativa por el 204 aniversario del Día de la Bandera

25 Feb 2025

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En conmemoración del 204 aniversario del Día de la Bandera, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, acompañada de autoridades militares y civiles, izó la enseña nacional y abanderó a escoltas de 26 escuelas

Desde San Lázaro. Pemex con pasivos crecientes que comprometen su existencia. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Feb 2025

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Los pasivos a proveedores se incrementan por arriba de los 362, 517 millones de pesos que tenía en junio del año pasado

Como veo, doy. Prohibición de uso de celulares entre estudiantes de Querétaro ¿Primer paso para regular redes sociodigitales? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

24 Feb 2025

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Resulta que en Querétaro el gobierno estatal presentó una iniciativa que tiene que ver con los mecanismos de protección en temas digitales hacia las niñas, niños y adolescentes

Desde San Lázaro. Faltan “dientes” a los informes de la cuenta pública. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Feb 2025

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Tuvo que bajarle Colmenares tres rayitas a su belicosidad para mantener apaciguadas las aguas que ya exigían su remoción

Desde San Lázaro. Sin amparo con la nueva ley de amparo. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Feb 2025

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Vale la pena recordar que el juicio de amparo se consolidó en los artículos 103 y 107 de la Constitución y cuyo creador fue Don Manuel Crescencio García Rejón

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.