Notas principales

18 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Una sobrerrepresentación ficticia y fraudulenta. Por: Alejo Sánchez Cano

18 Jul 2024

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La trampa es el traslado que hace Morena de sus triunfos a sus aliados para así alcanzar la mayoría calificada artificial y ficticia

Desde San Lázaro. Un escenario muy complejo para la presidenta. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Jul 2024

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Veremos hasta donde se estirará la liga y que tiempo durará la luna de miel con los ciudadanos, sobre todo aquellos que votaron por ella

Desde San Lázaro. Morena cuando pierde arrebata. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Jul 2024

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Cuando no ganan arrebatan y cuando pierden no reconocen los resultados. Ese es el ADN de un pésimo demócrata y de un autoritario

Como veo, doy. Como anillo al dedo para los republicanos, el atentado contra Donald Trump. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

15 Jul 2024

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Por si faltara algo en la campaña republicana in crescendo, hace dos días Donald Trump sufrió un atentado que para la fortuna de sus aspiraciones políticas

Desde San Lázaro. Es la sobrerrepresentación, no se distraigan. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Jul 2024

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La sobrerrepresentación legislativa no debe ser superior del 8% respecto de la votación que recibió durante las elecciones

Desde San Lázaro. Golpe de timón. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Jul 2024

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El golpe de timón es un expresión marinera que significa dar un cambio brusco de dirección y eso es precisamente lo que hará Claudia Sheinbaum

El SNTE emprende nuevas acciones para mejorar la seguridad social de sus agremiados

11 Jul 2024

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene su lucha por mejorar las condiciones de seguridad social de sus agremiados

Estamos mejorando los 14 hospitales generales de Coahuila: Manolo

11 Jul 2024

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Manolo Jiménez detalló que estas acciones contemplan tres grandes rubros, que son la rehabilitación de la infraestructura, la mejora del equipamiento médico y la revisión y mantenimiento

Gobernadora Delfina Gómez Álvarez suma 200 Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz

11 Jul 2024

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La Maestra Delfina Gómez Álvarez ha llevado este ejercicio interinstitucional a 30 municipios, a través del trabajo en equipo

Desde San Lázaro. Los siete magníficos de Sheinbaum. Por: Alejo Sánchez Cano

11 Jul 2024

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De los 15 nombramientos que ha hecho la próxima presidenta, llama la atención siete de ellos por el perfil académico, profesional y expertis que poseen y que garantizan el éxito

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.