Notas principales

19 Abril, 2026

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Estado de México ocupa el segundo lugar en detección de incendios forestales: Conafor

11 Abr 2024

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La Ciudad de México ocupa el primer lugar; Estado de México y Tlaxcala comparten el segundo; y Baja California Sur el tercer sitio

Sorpréndete con Coahuila: Manolo

11 Abr 2024

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La marca “Sorpréndete con Coahuila” dará pauta para potenciar la identidad

Desde San Lázaro. Abdicación de la Auditoria Superior de la Federación. Por: Alejo Sánchez Cano

11 Abr 2024

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Tendríamos que decir que la ASF como parte del Poder Legislativo ha dejado de cumplir con sus funciones torales

Desde San Lázaro. Claudia entre la espada y la pared. Por: Alejo Sánchez Cano

10 Abr 2024

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Decir que la candidata de Morena y rémoras ganó el debate es una opinión sesgada

Gobierno del Estado de México y Gobierno Federal han abatido más de 600 incendios forestales en la entidad

09 Abr 2024

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La estrategia de combate a los incendios forestales se ha desplegado por tierra y aire con más de 3 mil brigadistas y elementos oficiales, 563 combatientes y técnicos especializados

Coahuila llevará lo mejor de su oferta turística a Foros Nacionales e Internacionales

09 Abr 2024

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Coahuila participará en el Tianguis Turístico México 2024 en Acapulco y en la Feria Nacional de San Marcos 2024 en Aguascalientes

Desde San Lázaro. Ecos del debate. Por: Alejo Sánchez Cano

09 Abr 2024

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Entre los yerros del reloj y de transmisión y el propio diseño del formato del debate, se perdió la oportunidad de ver en todo su esplendor a los tres candidatos

Como veo, doy. Debates electorales, oportunidad para buscar la unidad nacional. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

08 Abr 2024

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En verdad da gusto que este tipo de ejercicios sucedan porque la confrontación de ideas es sin duda un buen mensaje de civilidad

Desde San Lázaro. Mitos y realidades del debate presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

08 Abr 2024

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La rigidez del formato que impide un franco intercambio de esgrima verbal con réplica y contrarréplica

Como veo, doy. El país entero en campaña política electoral. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

01 Abr 2024

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Así, no obstante que en la percepción de la ciudadanía se asegura que el proceso para las elecciones de 2024 inició mucho antes de cualquier señal reglamentaria

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.