Notas principales

19 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Desde San Lázaro. Los jóvenes inclinan la balanza. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Mar 2024

322 veces

Por supuesto a mayor información y educación se redobla el compromiso por ejercer una ciudadanía activa

Desde San Lázaro. Primer triunfo de Taboada. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Mar 2024

296 veces

Nervioso, iracunda e insegura, Clara Brugada reflejo el peor talante del totalitarismo

Como veo, doy. Donald Trump vuelve a las andadas, arremete contra comunidad migrante. Por: Jorge Luis Galicia Palacios.

18 Mar 2024

349 veces

La cuenta regresiva para el proceso electoral que culminará con la elección del presidente número 47 en el país vecino del norte, Estados Unidos, ya está en curso

Desde San Lázaro. Guerrero, estado fallido. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Mar 2024

378 veces

La figura de la desaparición de poderes se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del Ejecutivo Estatal

Desde San Lázaro. La derrota electoral abre la puerta al estado de excepción. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Mar 2024

346 veces

El presidente cuestionó si sus adversarios están apostando a un fraude electoral o a un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial

Triunfan estudiantes mexiquenses en concurso nacional de robótica “First LEGO Challenge 2023-2024”

13 Mar 2024

365 veces

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) informó que cinco de los 11 equipos mexiquenses participantes en este concurso

Arrancan en la región Norte los encuentros de participación ciudadana Coahuila 2030

13 Mar 2024

297 veces

Jiménez Salinas destacó que en dichos encuentros se está cerrando la pinza para poder terminar el Plan Estatal de Desarrollo de su administración

Desde San Lázaro. Alinearse a las mentiras sobre un México irreal. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Mar 2024

301 veces

Las candidatas o candidatos se tornan más sensibles ante la cruda realidad, o de plano, son tan cínicos e insensibles

El SNTE, pionero en México en la promoción y defensa de los derechos laborales con perspectiva de género

12 Mar 2024

433 veces

Es urgente pasar de una situación de derechos reconocidos a una de derechos ejercidos sin discriminación ni obstáculos

Autoridades de los tres órdenes de gobierno recorren rutas de evacuación en la zona del volcán Popocatépetl

12 Mar 2024

306 veces

En los recorridos estuvieron integrantes de la Guardia Nacional; de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.