Congreso de la CDMX

30 Abril, 2026

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Congreso de la CDMX

Congreso solicita información en materia de género

01 Abr 2022

348 veces

En el punto de acuerdo, se solicitó que ambos centros educativos remitan a esta Soberanía un informe sobre la matrícula, eficiencia terminal por género y carrera, así como las acciones que, en materia de género, se implementan

Solicita Congreso capitalino instalar sendero seguro a SEMUJERES y SOBSE

01 Abr 2022

376 veces

Con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel San Lorenzo Tezonco y vecinos de la colonia Arboledas; congresistas locales solicitaron la intervención de la Secretaría de Mujeres

Avanza en comisión dictamen para gestión de residuos infecciosos durante emergencias sanitarias

31 Mar 2022

354 veces

A fin de garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano para el desarrollo, salud y bienestar de la población, la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino

Integrantes de la Comisión de Igualdad de Género acuerdan fortalecer su trabajo en pro de las mujeres

30 Mar 2022

338 veces

Todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, acordaron fortalecer su trabajo en pro de las mujeres capitalinas, a propuesta de la legisladora Gabriela Quiroga Anguiano

Congreso capitalino propone campaña para salud auditiva

30 Mar 2022

333 veces

El punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso local, propone una campaña dirigida a niñas, niños, adolescentes de educación básica, así como al personal educativo, madres, padres y tutores

Diputadas capitalinas reconocen la importancia del comercio popular

29 Mar 2022

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Como un espacio de diálogo con las y los comerciantes de los tianguis de la Ciudad de México, que permita contribuir a impulsar su reactivación económica, el Congreso local realizó el “Foro por la Defensa del Comercio Popular”

Analizan en Congreso local propuestas para combatir la inseguridad

28 Mar 2022

333 veces

Los participantes aseguraron que, para resolver los problemas de inseguridad, es necesario, el fomento a la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción

Conmemora Congreso local 30º Aniversario de los “Acuerdos de Chapultepec”

28 Mar 2022

351 veces

Asimismo, recordó que los Acuerdos de Paz fueron firmados el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, por el Gobierno salvadoreño y la guerrilla para poner fin a doce años de una cruenta guerra civil que había dejado, además, 8 mil desaparecidos

Congreso local buscará materializar en leyes las propuestas de la sociedad civil en materia de infancia

24 Mar 2022

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Temas como la eliminación de la burocracia en procesos de adopción para que cada niña y niño capitalino pueda vivir con una familia y puedan ser felices, es uno de los objetivos

Participantes de foro refrendan su compromiso de velar por el interés superior de la infancia

24 Mar 2022

340 veces

Los recursos que se destinan a la primera infancia no son gasto, son inversión, apostar a la primera infancia es ganancia a largo plazo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.