Congreso de la CDMX

30 Abril, 2026

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Prospera en el Congreso local iniciativa para reformar la Ley de Huertos Urbanos de la CDMX

01 Mar 2022

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La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México

Comisión de Movilidad Sustentable a favor de un transporte público amigable con el medio ambiente

01 Mar 2022

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A fin de preservar un transporte seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente, las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso local, dieron su voto a favor del dictamen

Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino aprueba consejero honorario de la CDHCM

28 Feb 2022

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En sesión virtual, las y los legisladores integrantes de esta comisión aprobaron por unanimidad el dictamen relativo al proceso de elección de una persona integrante del Consejo de la CDHCM

Busca Comisión de Protección Civil que PEMEX garantice seguridad a vecinos de colonias aledañas a la Planta de Gas 18 de Marzo

28 Feb 2022

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Con el propósito de evitar cualquier riesgo para los habitantes de algunas colonias, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la Comisión de Protección Civil del Congreso capitalino aprobó el dictamen por el que se exhorta a distintas autoridades de Petróleos Mexicanos

Celebró el Conversatorio "Desafíos para el desarrollo económico en el contexto de la pandemia en la CDMX"

24 Feb 2022

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"Desafíos para el desarrollo económico en el contexto de la pandemia en la Ciudad de México", los participantes coincidieron en la necesidad de continuar el impulso a la economía social y solidaria, a fin de superar las afectaciones económicas y sociales

Congreso local reitera su compromiso para brindar una vivienda segura a damnificados por el sismo de 2017

24 Feb 2022

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Durante la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, en su calidad de presidenta de dicho órgano colegiado, la legisladora Villalobos Pérez reiteró la disposición del Congreso para coadyuvar en el proceso de reconstrucción en la capital

Congreso capitalino recibió el VI Foro de Jóvenes de las Américas 2022

23 Feb 2022

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Como un espacio de diálogo y expresión para las y los jóvenes capitalinos, el Congreso de la Ciudad de México fue sede del VI Foro de Jóvenes de las Américas 2022

Congreso capitalino solicita a las alcaldías de la CDMX información del PP 2020-2021

23 Feb 2022

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Ante la desinformación referente a los recursos aplicados, comprometidos y ejecutados del Presupuesto Participativo 2020-2021 en la Ciudad de México, el Congreso local aprobó exhortar a las 16 alcaldías de la capital del país a presentar informes sobre su desarrollo

Congreso capitalino celebrará sesión solemne con motivo del Día de la Bandera

22 Feb 2022

287 veces

La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de una sesión solemne del Pleno el próximo jueves 24 de febrero -previa a la sesión ordinaria- con motivo del Día de la Bandera Nacional

Congreso local realizará conversatorio sobre reactivación económica

22 Feb 2022

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La Comisión de Reactivación Económica del Congreso capitalino, aprobó en sesión virtual la realización del Conversatorio “Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el Año 2022

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.