Congreso de la CDMX

01 Mayo, 2026

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Congreso capitalino clausuró labores de la Comisión Permanente

27 Ene 2022

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El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, clausuró el primer periodo de receso del primer año legislativo, en el cual sesionó la Comisión Permanente del día 15 de diciembre de 2021 al 26 de enero del año en curso

Mayor protección al personal de Coyoacán ante Covid-19, solicita Congreso capitalino

27 Ene 2022

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Con el propósito de garantizar el derecho a la salud del personal de la alcaldía Coyoacán y ante el incremento de contagios por Covid-19, la Comisión Permanente solicitó al titular de la demarcación, José Giovani Gutiérrez Aguilar, a dotar de equipo de protección a sus trabajadores

Anuncian foro rumbo a la reforma a la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños

26 Ene 2022

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La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México informó que en breve realizará un foro de análisis para reformar la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia

Congreso ratifica su compromiso con la transparencia; confirmando que no tiene ninguna información reservada

25 Ene 2022

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Como parte de su compromiso de transparencia con la población, el Congreso de la Ciudad de México anunció que no se ha clasificado ninguna información como reservada durante el segundo semestre de 2021, ni en forma parcial ni completa

Solicitarán congresistas capitalinos a SEDEMA reforzar medidas contra cambio climático

25 Ene 2022

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La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, aprobó una serie de dictámenes a favor del derecho humano a un ambiente sano.

Solicitan congresistas a la alcaldía Cuauhtémoc informe sobre "bunkers" de Seguridad Ciudadana

24 Ene 2022

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Solicitó a la alcaldía Cuauhtémoc, que remita a este órgano legislativo un informe respecto a los objetivos, líneas de acción, metas, indicadores de evaluación y operación sobre los "bunkers" de seguridad ciudadana, según lo establecido en su programa de gobierno

El Congreso local requirió a la FGJCDMX informe procesos de investigación al ex diputado Saúl Huerta

21 Ene 2022

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Compañeras y compañeros diputados les invito a no tolerar y no cerrar los ojos ante la violencia de una agresión sexual y mucho menos ante la impunidad de un agresor

Congreso capitalino llama a las alcaldías y STyFE para difundir derechos de trabajadoras del hogar

20 Ene 2022

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La diputada Alicia Medina Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA, destacó la importancia del trabajo doméstico -remunerado y no remunerado-, para la sostenibilidad y el funcionamiento de los hogares, así como para la economía y la sociedad en su conjunto

Congreso capitalino solicita a SEDEMA prevenir contaminación auditiva

20 Ene 2022

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Para prevenir y disminuir la contaminación auditiva generada por ruido, el Congreso local solicitó a la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García, elaborar las disposiciones reglamentarias

Presentarán diputados locales Iniciativas ante la Comisión Permanente

19 Ene 2022

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Los integrantes de la Sesión de Conferencia del Congreso de la Ciudad de México determinaron que las Iniciativas podrán ser presentadas ante la Comisión Permanente, mismas que podrán ser leídas por las diputadas y los diputados que así lo soliciten

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.