Congreso de la CDMX

01 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Proponen que el nombre de la presea al mérito en ciencias 2021, lleve el nombre del Ingeniero Mario Molina

13 Dic 2021

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El presidente de la comisión, diputado Christian Moctezuma González (MORENA) propuso a las y los integrantes, modificar la convocatoria, y de esta manera nombrar la primera entrega del galardón como “Medalla al Mérito en Ciencias 2021, Ing. Mario Molina”

Congreso capitalino pide a SEMOVI atender demanda de taxistas

10 Dic 2021

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Asimismo, consideró importante que las autoridades de SEMOVI escuchen las necesidades de la Alianza de Taxistas de la Ciudad de México, y busquen soluciones a la problemática que están viviendo y que afecta sus ingresos y la calidad de vida de sus familias

Congreso solicitará estudio sobre legislaciones en materia de comercio, a nivel nacional e internacional

10 Dic 2021

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Dicho estudio contribuirá a la recopilación de información que sirva como base para avanzar en la legislación sobre el comercio en espacios públicos y genere políticas públicas viables en beneficio de la sociedad capitalina, señaló la diputada Silvia Sánchez Barrios

Comisión de Movilidad Sustentable pugna por un presupuesto para un transporte público eficiente y sustentable

09 Dic 2021

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Con el objetivo de lograr una ciudad más y mejor comunicada, la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local aprobó la opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022

Concuerda Comisión de Medio Ambiente con prohibición federal de pruebas cosméticas con animales

09 Dic 2021

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La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México dio su visto bueno a favor de la prohibición de pruebas cosméticas con animales en la capital, toda vez que durante su primera sesión ordinaria se aprobó una opinión al respecto

Rectifican la aprobación del dictamen de reforma a Ley de Protección a los Animales, en materia de corridas de toros

08 Dic 2021

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La Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino rectificó por ley y por reglamento la aprobación del dictamen que reforma la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, en materia de corridas de toros

Exhorta el Congreso CDMX a SACMEX garantizar suministro de agua en diversas colonias de la AO

08 Dic 2021

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En ese sentido, el Pleno aprobó un exhorto dirigido al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para mantener el caudal suficiente en los tanques Padierna y Picacho

Diputados locales piden al TJACDMX mantener ejercicio presupuestal de austeridad

07 Dic 2021

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En el marco del diseño del Paquete Económico 2022, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (AP Ciudadana), sugirió al funcionario hacer un esfuerzo para mantener la eficiencia y así cumplir con las obligaciones que tiene al frente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa

Legisladores capitalinos destacan labor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje durante la pandemia

07 Dic 2021

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Legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local reconocieron la labor realizada durante la pandemia por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México

Congresistas capitalinos analizan propuestas de modificaciones al Código Fiscal para 2022

06 Dic 2021

286 veces

Para explicar las propuestas de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, el procurador fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas, Salvador Juárez Galicia, se reunió en mesa de trabajo con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.