Congreso de la CDMX

01 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Urgen legisladores a partidos políticos no designar candidatos denunciados por violencia

21 Dic 2021

334 veces

El Congreso capitalino solicitó a los partidos políticos locales y nacionales a que, de manera previa a la designación de candidatos a puestos de elección popular, realicen una exhaustiva revisión de sus historiales a efecto de conocer si enfrentan cargos por violencia contra las mujeres

Analizarán reforma al Código Civil en materia de personas cuidadoras en procesos de sucesión legítima

21 Dic 2021

303 veces

Para contribuir a garantizar el reconocimiento de las personas cuidadoras dentro de los procesos de sucesión legítima, la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso capitalino efectuará un análisis minucioso del tema

Congresistas en CDMX piden a SSC prevenir robos a casas habitación en periodo vacacional decembrino

17 Dic 2021

303 veces

Ante el próximo inicio de la temporada vacacional navideña, el Congreso capitalino solicitó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, implementar e incrementar los operativos para inhibir el robo a casa habitación

A favor diputados locales de ampliar derecho a lactancia materna

17 Dic 2021

328 veces

La presidenta de la Comisión, la diputada Lourdes Paz Reyes (MORENA), dijo, además, que se han recibido asuntos para dictaminación, de los cuales, 42 son iniciativas con proyecto de decreto y 20 se tratarán en Comisiones Unidas

El Congreso capitalino aprueba el Paquete Económico de la Ciudad de México 2022

16 Dic 2021

300 veces

Para garantizar la viabilidad financiera de la Ciudad de México, con un presupuesto total superior a los 234 mil millones de pesos, el Pleno del Congreso capitalino aprobó los dictámenes a la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022

El Congreso CDMX aprobó integración de su Comisión Permanente

15 Dic 2021

348 veces

Como presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fungirá el diputado Héctor Díaz Polanco (MORENA), con José Gonzalo Espina Miranda (PAN), Maxta Iraís González Carrillo (PRI) y Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) en las vicepresidencias

Congreso local solicita al IECM y a la SAF el pago de prerrogativas a partidos políticos

15 Dic 2021

321 veces

El acuerdo será remitido a la coordinación de servicios parlamentarios a efecto de realizar las acciones necesarias y hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar

Llaman Congresistas a fortalecer educación, ciencia y tecnología, para combatir desigualdad social en la CDMX

14 Dic 2021

396 veces

Legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México coincidieron en la importancia de fortalecer la educación, la ciencia y la tecnología

A través del Consejo Consultivo en materia educativa llaman a establecer clases presenciales en escuelas de nivel medio superior y superior

14 Dic 2021

298 veces

Por su parte, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también parte del grupo parlamentario de MORENA, destacó la iniciativa para la organización de este consejo, que suma esfuerzos para apoyar la tarea educativa

Legisladores analizan sentencia para designación de magistrado de la sala ordinaria jurisdiccional del TJACDMX

13 Dic 2021

312 veces

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino analiza la resolución del juez décimo sexto en materia administrativa de la Ciudad de México para dar cumplimiento al fallo para la ratificación de Francisco Javier Barba Lozano

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.