Congreso de la CDMX

01 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Revalorar las formas de recaudación de contribuciones a capitalinos piden a titular de la Tesorería

06 Dic 2021

344 veces

Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, resaltaron el esfuerzo de los capitalinos por cumplir con sus contribuciones fiscales durante este año, a pesar de la emergencia sanitaria

Urge Congreso local a SEDEMA y 16 alcaldías implementen acciones en materia de cambio climático

03 Dic 2021

307 veces

En el marco de la declaración de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra de la COP26, el Congreso local urgió a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a implementar acciones y medidas en materia de cambio climático

Busca Congreso mayor atención de alcaldías a Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas

03 Dic 2021

299 veces

Con el propósito de abatir la desigualdad, la discriminación, exclusión, vulnerabilidad y rezago social, la diputada Alejandra Méndez Vicuña (MORENA), presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las 16 alcaldías para que destinen recursos suficientes

El Congreso local analiza la factibilidad de aumentar el presupuesto 2022 del IECDMX

02 Dic 2021

333 veces

Con relación al presupuesto 2022, solicitó recursos por mil 955 millones de pesos, y afirmó que si se otorga únicamente el presupuesto propuesto por la Secretaría de Administración y Finanzas, prácticamente no se podrá realizar ninguna actividad adicional al funcionamiento ordinario

Necesario garantizar mecanismos al derecho a la información, transparencia y a la rendición de cuentas

02 Dic 2021

318 veces

En el marco del diseño del Paquete Económico 2022, el diputado Royfid Torres González (AP Ciudadana), se pronunció por recuperar el presupuesto que los órganos autónomos aportaron para la atención de la pandemia

El Congreso CDMX recibió propuesta de Paquete Económico 2022

01 Dic 2021

304 veces

Priorizar la recuperación económica, contribuir a la generación de empleos e incrementar los recursos de las 16 alcaldías, fueron algunas de las peticiones de las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México al recibir la propuesta del Paquete Económico para 2022

Aprueban en el Congreso realizar mesas de trabajo presenciales con los titulares de la Procuraduría Fiscal, Tesorería y Subsecretaría de Egresos

01 Dic 2021

306 veces

En este contexto, las mesas de trabajo se llevarán a cabo el día sábado 4 de diciembre de manera presencial en el Salón Heberto Castillo del Congreso capitalino

Serán presenciales comparecencias de titulares de la STyFE y de Educación

30 Nov 2021

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Ambas comparecencias forman parte del ciclo de comparecencias que las y los titulares del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México efectúan en el Congreso local en el marco de la glosa del tercer informe de gestión de la Jefa de Gobierno capitalina

Legisladoras y legisladores coinciden en la necesidad de avanzar en la impartición de justicia digital en el TSJ

30 Nov 2021

365 veces

Guerra Álvarez destacó que en 2021 se implementaron cinco juzgados de tutela de derechos humanos, y que para 2022 se proyectó la creación de otros tres, en cumplimiento a lo mandatado por la Constitución de la Ciudad de México

Con reformas a la ley, protegerán de estrés laboral a trabajadores del Poder Judicial local

29 Nov 2021

318 veces

Para proteger a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Pleno del Congreso local aprobó un dictamen que modifica el artículo 218 de la Ley Orgánica de esta instancia, en materia de atención al estrés por fatiga laboral

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.