Congreso de la CDMX

01 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Congreso propone a la FGJCDMX difundir procedimientos para denunciar delitos a través de nuevas tecnologías

05 Nov 2021

324 veces

Para reducir los índices de impunidad y favorecer el que la ciudadanía se sienta protegida, el Congreso local sugirió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implementar mecanismos de difusión amplios y generales de los delitos

Busca Congreso combatir tráfico de especies por redes sociales

04 Nov 2021

317 veces

Las redes sociales han impulsado una mayor comunicación entre diferentes comunidades, pero en ese mismo sentido se han utilizado para la oferta de productos y servicios por parte de particulares o incluso compañías, muchos casos de manera lícita

Propone Congreso local que deudores de pensión no ocupen cargos públicos

04 Nov 2021

301 veces

Personas que se encuentren en el padrón de deudores de pensión alimenticia o de agresores de género, no deberían ocupar ningún cargo en la administración pública en la Ciudad de México

Solicita Congreso capitalino informe sobre presuntos actos de corrupción en alcaldía Tlalpan

03 Nov 2021

272 veces

Asimismo, en el punto aprobado por esta soberanía, se solicita un informe en relación al operativo falso que se publicó en la página oficial de la alcaldía, y si se inició alguna denuncia ante las autoridades correspondientes

Solicitan congresistas capitalinos implementar acciones a favor de las mujeres jóvenes

01 Nov 2021

327 veces

Informó que en la Ciudad de México se registraron 126 mil 452 mujeres jóvenes de 15 a 29 años que se encontraban desocupadas, entre abril y junio de 2021; y la tasa de desocupación alcanza al 7.4 por ciento de este sector social

Propone Congreso lenguaje jurídico más cercano al pueblo

29 Oct 2021

323 veces

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto al Tribunal Superior de Justicia local, para que en concordancia con el principio de progresividad de Derechos Humanos, procure formular sentencias en un lenguaje ciudadano

El Congreso capitalino concluirá la instalación de sus comisiones y comités

29 Oct 2021

324 veces

Así este viernes 29 de octubre concluye la instalación formal y legal de las 45 comisiones ordinarias y 6 comités con que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

Compromiso al diálogo para generar el marco legislativo que requiere la capital del país

28 Oct 2021

277 veces

En ese sentido, durante la instalación de la Comisión de Reconstrucción, su presidenta, la diputada Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), sostuvo que el 19-S ocasionó serias afectaciones a la ciudad

Avanza la instalación de comisiones en el Congreso capitalino

28 Oct 2021

346 veces

Como parte de sus tareas legislativas, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, continúa la instalación de las comisiones ordinarias

El Congreso capitalino solicitó a alcaldías mantenimiento urbano en inmediaciones de planteles escolares

27 Oct 2021

295 veces

No necesito argumentar mucho para asegurar que la infraestructura física de la Ciudad de México requiere atención, pero hoy particularmente me refiero a las zonas escolares que son paso obligado de niñas y niños para llegar a sus escuelas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.