Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Nombra y toman protesta a integrantes del Consejo Ciudadano de Carácter Honorífico

16 Ago 2021

324 veces

Las once personas que integran el Consejo Ciudadano de Carácter Honorífico en Materia de Evaluación de la Ciudad de México, rindieron protesta este jueves ante el Pleno del Congreso capitalino

En periodo extraordinario aprueban modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana

13 Ago 2021

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que, a iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se modifica la Ley de Participación Ciudadana y se expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

El Congreso capitalino ratificó a Nashieli Ramírez como titular de la CDHCDMX

13 Ago 2021

303 veces

El Congreso local aprobó por unanimidad la reelección de Nashieli Ramírez Hernández como titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Congreso pide a DIF federal y local informar acciones para proteger a niñas y niños huérfanos por la pandemia

12 Ago 2021

369 veces

Agregó que estos menores pueden ser víctimas de la inseguridad, violencia familiar, delitos sexuales y otros abusos

Pide a la alcaldía de Tlalpan informe sobre impacto urbano ambiental por asentamientos humanos irregulares

12 Ago 2021

358 veces

Este informe deberá enviarse al titular del Instituto de Planeación Democrática Prospectiva de la Ciudad de México.

Llama Congreso capitalino a solidarizarse con la periodista Azucena Uresti

11 Ago 2021

310 veces

La secretaria de la mesa directiva del Congreso capitalino dijo que este órgano legislativo se solidariza con la periodista Azucena Uresti, ante las amenazas que recibió por parte de un grupo del crimen organizado

Aprueba Comisión de Administración y Procuración de Justicia designación de magistrado del TJACDMX

11 Ago 2021

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El doctor Benjamín Marina Martín resulta idóneo para el desempeño del cargo correspondiente, de acuerdo a la evaluación realizada", aseguró el diputado Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la esta comisión en el Congreso local

Celebrará el Congreso local periodo extraordinario

10 Ago 2021

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Con el propósito de presentar una serie de iniciativas ante el Pleno, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, aprobó la celebración de un Periodo Extraordinario de Sesiones para el próximo jueves 12 de agosto de manera presencial

Se aprueba en Comisiones dictamen que modifica la Ley de Participación Ciudadana de la capital

10 Ago 2021

312 veces

En sesión vía remota, el diputado presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, José Martín Padilla (MORENA), afirmó que con la iniciativa aprobada no se cancela la ejecución del Presupuesto Participativo

Juzgados de tutela y Tribunales del Trabajo, logros principales de la Comisión de Puntos Constitucionales

07 Ago 2021

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La creación del marco legal que permite el funcionamiento de los Juzgados de Tutela y los Tribunales del Trabajo es uno de los frutos principales de la labor de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en la primera legislatura

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.