Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Establecen lineamientos para evaluación al cargo de Magistrado en Sala Ordinaria del TJACDMX

06 Ago 2021

262 veces

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, presentó el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desahogo de la entrevista y evaluación del doctor Benjamín Marina Martí

La Comisión Integral del Agua aprueba dictamen para garantizar el derecho humano al agua

06 Ago 2021

316 veces

La Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso capitalino aprobó el dictamen por el que se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México

Congreso capitalino exhorta a PROFECO vigile que se cargue el peso exacto en cilindros de gas en la CDMX

05 Ago 2021

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Al presentar su punto de acuerdo, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), señaló que es necesaria la previsión del Estado mexicano para que actúe con firmeza y decisión, a fin de garantizar que las empresas que lo distribuyen, sea a precio justo y con el peso exacto.

Pide optimizar atención ciudadana ante la suspensión de plazos y términos administrativos en pandemia

04 Ago 2021

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Mediante un punto de acuerdo, la diputada Gabriela Salido Magos (PAN), explicó que en un afán de evitar contagios de Covid-19 se suspendió la atención ciudadana, se cerraron oficinas y se disminuyó el personal

Aprueba Comisión de Derechos Humanos dictamen para reelección de la presidenta de La CDHCDMX

04 Ago 2021

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Capitalino aprobó por unanimidad el dictamen para ratificar a la C. Nashieli Ramírez Hernández como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Analizan especialistas encuestas locales y nacionales desde una perspectiva de género

02 Ago 2021

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La expositora refirió que la Información debe analizarse desde una perspectiva de género para participar en la toma de decisiones, brindar mayor percepción de seguridad, reducir la victimización y los daños

El Congreso capitalino solicita reanudar la campaña de perifoneo en patrullas para reforzar medidas sanitarias

29 Jul 2021

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Ante la tercera ola de contagios de Covid-19 que se registra actualmente en la Ciudad de México, el Congreso local solicitó a las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Salud Pública, así como a las 16 alcaldías, reanudar la campaña informativa

Inicia el proceso para ratificar a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital

27 Jul 2021

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En su presentación, la titular de la CDHCM consideró que los ejes fundamentales del organismo son proximidad, mediación y justicia restaurativa, enmarcados en lo que llamó la ‘Agenda 25’, en el caso de ser reelecta por el Congreso capitalino

Aprueban en Comisión extender protección a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

23 Jul 2021

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La Comisión de Igualdad de Género del Congreso Capitalino aprobó en sesión virtual la iniciativa con proyecto de decreto por el que se extiende la protección a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, privilegiando el valor del consentimiento previo, libre

Exhorta Congreso capitalino a legisladores federales a establecer juicio de procedencia para desafuero de dos diputados

22 Jul 2021

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A iniciativa del diputado Ricardo Ruiz Suárez (Morena), la Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó un exhorto a sus homólogos en la Cámara de Diputados para que se erija como jurado de procedencia y se discuta el eventual desafuero

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.