Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Aprueba reformas para facilitar el acceso de niñas y niños a tecnologías de la información.

26 May 2021

279 veces

Para garantizar el acceso de las y los menores de edad a las tecnologías de la información y comunicación, el pleno del Congreso local aprobó una serie de reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México

Habrá programas y estrategias para contrarrestar efectos del cambio climático en CDMX

26 May 2021

316 veces

Con la finalidad de establecer políticas públicas que ayuden a mitigar efectos del cambio climático en la Ciudad de México, el Pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen con modificaciones para la abrogación de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Garantiza Congreso local el derecho de las víctimas a la educación

25 May 2021

267 veces

A fin de garantizar el acceso de las víctimas a la educación y su plena reinserción social, la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen mediante el cual se modifica la Ley de Atención a Víctimas de la capital.

Avala Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción publicar evaluaciones en materia de seguridad

25 May 2021

258 veces

La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción en el Congreso capitalino, aprobó tres dictámenes a iniciativas con proyecto de decreto, entre los que destaca la reforma a Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal.

Congresistas rinden opinión técnica para legislar en favor de mujeres

24 May 2021

318 veces

La diputada Martha Patricia Llaguno Pérez (MORENA), presidenta de esta comisión, consideró necesario que la SEDECO garantice el avance de las mujeres hacía una autonomía económica y liderazgo, para acceder a oportunidades a través de las MIPyMES.

Aprueba Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamen de reformas a la Ley de Austeridad

20 May 2021

285 veces

Para actualizar y armonizar el contenido de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México

Aprueban comisiones unidas dictamen de Ley de Evaluación de la Ciudad de México

20 May 2021

254 veces

Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, aprobaron el dictamen de la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, que se convertirá en un instrumento jurídico sobre el cual se desarrollará la organización

Congreso de la CDMX formulará preguntas parlamentarias a la directora del STC Metro

19 May 2021

255 veces

El acuerdo remitido a la Mesa Directiva del Congreso local, detalla que el número máximo de preguntas parlamentarias será de 66, las cuales se distribuirán entre los grupos y asociación parlamentaria, así como entre las y los diputados sin partido.

Avanza Congreso capitalino en la protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTI

18 May 2021

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Para garantizar los derechos humanos de la población capitalina sin distinciones por orientación sexual, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local aprobó los dictámenes para expedir la Ley de los Derechos de las Personas LGBTTTI

Reconoce Congreso local a promotores del turismo con la Medalla al Mérito Turístico

14 May 2021

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En reconocimiento al impulso de la actividad turística en la capital del país, fundamental para la reactivación y el crecimiento económico, el Congreso local entregó la Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020"

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.