Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

En sesión solemne se entregó la Medalla al Mérito de Defensoras (es) de los Derechos Humanos de la CDMX 2020.

27 Abr 2021

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Como un reconocimiento que se otorga a las personas y colectivos que han marcado una pauta en la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México

Convoca Comisión de Participación Ciudadana a diálogo virtual con Red de Contralorías Ciudadanas.

23 Abr 2021

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Para conocer los trabajos realizados por la Red de Contralorías Ciudadanas y el panorama al que se ha enfrentado durante la pandemia por COVID-19, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, convocó a un diálogo virtual el próximo 7 de mayo.

En Sesión Solemne entrega Congreso local la Medalla al Mérito en Artes 2019

22 Abr 2021

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Como un reconocimiento a las mujeres, hombres y organizaciones culturales capitalinas que han destacado en siete disciplinas artísticas -arquitectura, artes visuales, artes escénicas, diseño, medios audiovisuales, patrimonio cultural y música-

Aprueba Comisión de Educación dictamen para prevenir el acoso y violencia escolar

22 Abr 2021

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La Comisión de Educación en el Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa por el que se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Ley para promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar de la Ciudad de México.

Solicita a la Secretaría de Educación capitalina capacitar a padres de familia en el uso de plataformas digitales

21 Abr 2021

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Con el objetivo de impartir capacitación a padres de familia en el uso de plataformas digitales y con ello abonar a la educación de sus hijos que cursan la educación básica, el Congreso capitalino exhortó a la Secretaria de Educación

Para evitar contagios de Covid-19, legisladores capitalinos solicitan colocar lavamanos en planteles escolares.

21 Abr 2021

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Enfatizó que la recomendación de UNICEF México plantea tres distintos momentos. El primero, mientras las escuelas estén cerradas; el segundo, en torno a la preparación de la reapertura, y el tercero, con las escuelas abiertas.

Impulsan en foro nueva ley para la producción artesanal y el oficio de maestras y maestros artesanos

20 Abr 2021

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Para que exista una venta justa de artesanías en la capital ante la amenazante presencia de la piratería y la manufactura al mayoreo de estos productos tradicionales, la diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez (MORENA)

En Sesión Solemne entrega Congreso local la Medalla al Mérito en Artes 2019.

20 Abr 2021

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La época post Covid-19 estará marcada por el aumento de la criminalidad

19 Abr 2021

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La diputada, Leticia Varela, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local, dijo que para prevenir el delito es importante mejorar el entorno social.

Aprueba Comisión de Seguridad Ciudadana modificaciones en materia de Protección de Datos

14 Abr 2021

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En caso de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción, el público en general tendrá acceso a la información que contenga la Plataforma Integral de Seguridad

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.