Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Continúa en Congreso el proceso para reelección de Consejeros Honorarios de la CDHCDMX

15 Mar 2021

322 veces

En la tercera sesión extraordinaria de esta comisión, las y los legisladores que la integran aprobaron en votación unánime este acuerdo.

Congreso exhortó a la Secretaría del Trabajo a llevar a cabo virtualmente ferias del empleo

12 Mar 2021

323 veces

Como medida urgente para reactivar la economía en la Ciudad de México, el Congreso local exhortó a Soledad Aragón Martínez, titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), realice de manera virtual las ferias del empleo necesarias

Solicitan al STC-Metro y a las autoridades, difundir fichas de identificación de personas desaparecidas

12 Mar 2021

279 veces

En ese sentido, el legislador dijo que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México en el artículo 22, párrafo 2º, señala que las autoridades locales, en el ámbito de su competencia, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda.

Recibe Congreso ternas de aspirantes a Magistradas y Magistrados al TSJCDMX

11 Mar 2021

563 veces

Las diez ternas están compuestas de la siguiente manera: Terna 1.- Reyna Concepción Mince Serrano, Gloria Rosa Santos Mendoza, Erika Marlen Zepeda García

Congreso solicita al Invi otorgar créditos a quienes perdieron su hogar por la crisis del Covid-19

11 Mar 2021

264 veces

En votación nominal del pleno, este dictamen fue aprobado por unanimidad con 49 votos a favor.

El Congreso llama al respeto y a la libre participación política en el proceso electoral 2020-2021

09 Mar 2021

295 veces

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al de la capital (IECM), a los partidos políticos, así como a la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), para que garanticen el respeto a los derechos humanos y a la libre participación

Exhorta Congreso CDMX a titulares de las 16 alcaldías a emitir constancias de residencia

08 Mar 2021

327 veces

Este proceso tiene como finalidad, elegir o reelegir a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, las personas titulares de las 16 alcaldías, así como a sus concejales

Impulsa el Congreso la implementación del Certificado Nacional de Vacunación Voluntaria

05 Mar 2021

388 veces

El Congreso capitalino avanza en la legislación para implementar un certificado nacional de vacunación voluntaria, con el fin de evitar la propagación de enfermedades al viajar de un país a otro.

Empacadores voluntarios de la tercera edad piden evaluar la posibilidad de retornar a sus labores

04 Mar 2021

338 veces

La diputada Lilia Sarmiento Gómez, integrante del grupo parlamentario del PT, reflexionó que uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el de los adultos mayores

Exhortan al Congreso, a sumarse a la campaña #HacerVisibleLoInvisible #CadenaFeministaMx

04 Mar 2021

304 veces

Lo anterior luego de aprobarse por unanimidad el punto de acuerdo suscrito por la diputada sin partido Leonor Gómez Otegui, durante la sesión virtual de este jueves.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.