Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Comisión aprueba dictamen para expedir la Ley de Justicia Constitucional de la CDMX

22 Ene 2021

371 veces

Con la aprobación de la nueva ley “se da un avance muy importante en cuanto a la reglamentación en la materia en la Ciudad de México, y al mismo tiempo se regulan los diversos mecanismos de protección constitucional

Pide Congreso a las Alcaldías establecer programa de préstamo gratuito y recarga de tanques de oxígeno

21 Ene 2021

380 veces

Durante la sesión virtual, el diputado Martín Padilla, a nombre de la legisladora Gabriela Osorio, ambos del grupo parlamentario de MORENA, presentó un Punto de Acuerdo que busca atender el incremento en la demanda de tanques y concentradores de oxígeno

Solicita Congreso informe sobre funciones de ‘Servidores de la Nación’ en brigadas de vacunación

21 Ene 2021

319 veces

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) propuso solicitar a los titulares de las secretarías de Salud y Bienestar del gobierno federal y local que informen sobre las funciones que cumplen los ‘Servidores de la Nación’

El Congreso capitalino realizará ciclo de conferencias virtuales en materia de seguridad

19 Ene 2021

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Para analizar y discutir información que permita la construcción de leyes que contribuyan a mejorar la seguridad en la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local anunció la próxima realización de una serie de conferencias

Comisión de Participación Ciudadana realizará encuentro virtual

15 Ene 2021

363 veces

De la misma manera, añadió, se pretende incentivar la utilización de este instrumento participativo para conocer las experiencias de los diferentes actores que intervinieron en ese ejercicio democrático, así como de la ciudadanía.

Segunda Etapa de Vacunación contra Covid 19 debe incluir a personal de primera respuesta

15 Ene 2021

356 veces

Las y los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina, así como los bomberos, son personas que laboran en servicios esenciales para mantener la seguridad de la población

Exhorta el Congreso CDMX a instancias de registro de personas desaparecidas o extraviadas a actualizar sus datos

14 Ene 2021

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No tener los datos precisos “imposibilita que se dé cabal cumplimiento al artículo VII de la Constitución de la Ciudad de México, apartado D, el cual nos indica el derecho que tiene toda persona al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna

El Congreso capitalino trabaja para reducir la violencia hacia las mujeres en las 16 alcaldías

14 Ene 2021

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A fin de colaborar en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las y los titulares de las 16 alcaldías a difundir en los sitios web oficiales de las demarcaciones información accesible y oportuna

Congreso CDMX exhorta al Poder Judicial en materia de perspectiva de género

11 Ene 2021

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En sesión virtual, integrantes de la Comisión Permanente aprobaron exhortar al Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) a utilizar la metodología del protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Convoca Congreso a participar en el parlamento de mujeres de la Ciudad de México 2021

08 Ene 2021

484 veces

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Igualdad de Género, convoca a mujeres y mujeres trans mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana y que radiquen en la Capital a participar en el Parlamento de Mujeres

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.