Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Aprueban lista de aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior de la CDMX

02 Mar 2021

411 veces

La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Congreso local aprobó por unanimidad el acuerdo con la lista de las 19 personas aspirantes

El Congreso aprobó proyectos de dictamen en materia de desaparición forzada

02 Mar 2021

331 veces

Con la finalidad de dar certeza jurídica a las víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, ya que se integra el concepto de “declaración especial de ausencia”

Aprueban dictámenes para exhortar a las 16 alcaldías a realizar programas de protección civil

28 Feb 2021

336 veces

Esta propuesta presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández (MORENA), conlleva la coordinación y actualización de los programas de protección civil, vinculados con los representantes de los distintos mercados públicos.

Considera viable la creación de la policía especializada en delitos contra las mujeres

27 Feb 2021

336 veces

Al presentar el dictamen, la diputada Paula Soto Maldonado (MORENA), presidenta de la Comisión, consideró viable que las alcaldías sean corresponsables en la elaboración e implementación de acciones de política criminal.

Exhorta Congreso CDMX a autoridades federales vacunar a personal médico privado

26 Feb 2021

311 veces

La diputada lamentó que aunque estos establecimientos se encuentran reconocidos ante la Comisión Federal para la Atención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), no cuentan con la solvencia para afiliarse a grupos de unidades médicas privadas.

Solicita la CDHCDMX al Congreso iniciar el proceso de designación de Consejeros Honorarios

26 Feb 2021

266 veces

Finalmente la presidenta de la Comisión, informa en el documento enviado que los ciudadanos mencionados han manifestado su interés por ser reelectos como personas integrantes del Consejo Honorario de la Comisión para un periodo inmediato.

Solicita Congreso CDMX a la PROFECO garantizar tarifas proporcionales al consumo de gas natural

23 Feb 2021

368 veces

Al presentar el Punto de Acuerdo, la diputada Lilia Sarmiento Gómez, del grupo parlamentario del PT, señaló que en su Módulo Legislativo de Atención y Orientación Ciudadana, se han presentado denuncias relacionadas a los excesivos cobros por el consumo de gas natural.

Piden prisión a servidores públicos que difundan imágenes o información de procedimientos penales

23 Feb 2021

301 veces

Con el objetivo de sancionar penalmente a la persona servidora pública que de forma indebida difunda información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo relacionado con algún procedimiento penal

El Congreso colabora para contribuir al empoderamiento de las mujeres rurales

22 Feb 2021

273 veces

También, explicó la legisladora Quiroga Anguiano, se busca introducir el uso de las nuevas tecnologías de información para que las mujeres rurales puedan recibir servicios públicos de alta calidad.

Solicitan a autoridades capitalinas garantizar los derechos de las personas adultas mayores

17 Feb 2021

306 veces

La propuesta de la diputada Guadalupe Aguilar Solache (MORENA), advirtió que las carencias a las que se enfrentan los adultos mayores se traducen en la vulneración de otros derechos, como la toma de decisiones a nivel personal y familiar

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.