Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Legisladores capitalinos piden a la Sedeco actualizar el padrón de mercados públicos

14 Abr 2021

262 veces

Informó que los 329 mercados públicos de la capital, generan cerca de 280 mil fuentes de empleo. Sin embargo, éstos han resentido el impacto económico de la pandemia por la Covid-19.

Proponen homologar protocolos de actuación policial en todas las entidades del país

07 Abr 2021

275 veces

La diputada Leticia Esther Varela Martínez, del grupo parlamentario de MORENA, recordó que la ley faculta a las diversas policías del país a utilizar en forma excepcional e inmediata la aplicación de la fuerza sólo cuando es estrictamente necesario.

Aprueban en el Congreso el nombramiento de la presidenta de la Mesa Directiva

07 Abr 2021

271 veces

El pleno del Congreso capitalino aprobó el nombramiento de la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, del grupo parlamentario del PAN, como presidenta de la Mesa Directiva, en sustitución de la diputada Margarita Saldaña Hernández

Aprueba Congreso CDMX nombramientos de Magistradas y Magistrados del TSJCDMX

31 Mar 2021

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El presidente de la Comisión de Administración Y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez (MORENA), destacó que por primera vez se cumple con el principio de equidad de género y se contará con cinco Magistradas y cinco Magistrados.

El Congreso de la CDMX elige a Edwin Meráz como titular de la ASCM

31 Mar 2021

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Edwin Meráz Ángeles fue electo por el Congreso capitalino como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

Avanzan reformas para atención de trastornos en el aprendizaje en favor de la niñez y su educación

30 Mar 2021

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A propuesta de la Comisión, se organizará un parlamento abierto o mesas de trabajo con organizaciones y personas especialistas para la atención de esta problemática social.

Comedores Sociales en la CDMX garantizan el acceso a una alimentación adecuada

30 Mar 2021

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Así lo dio a conocer la diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales, en la sesión virtual desarrollada este lunes.

Solicita Congreso local a Semovi informe sobre la actividad de “taxis tolerados”

29 Mar 2021

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El informe tiene como objetivo conocer el número de unidades que brinda el servicio de transporte a personas que habitan en los pueblos originarios, asentados en la zona de la montaña, en Xochimilco, señaló la legisladora Circe Camacho Bastida (PT).

Pugna Congreso CDMX por atención adecuada para adultos mayores

29 Mar 2021

275 veces

Además, la legisladora refirió que no han sido pocas las quejas de ancianos y familiares sobre los malos tratos que reciben los usuarios de estos servicios, por lo que consideró necesaria la intervención de las autoridades para verificar la operación de estos sitios.

Apertura total de negocios en CDMX, solicita Congreso capitalino al gobierno local

26 Mar 2021

258 veces

Hasta el momento unos 400 mil establecimientos no han reiniciado actividades y están en riesgo de no abrir de nuevo, con las afectaciones que ello implica en términos de finanzas, retribución a los empleados o incluso contribuciones a las arcas oficiales, sentenció la legisladora.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.