Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

Síguenos en:

Congreso de la CDMX

Aprueban en Comisión dictamen para garantizar a menores de edad el acceso seguro a TIC´S

13 May 2021

396 veces

La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso local aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en materia de acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación

Propone Congreso local formular preguntas parlamentarias a la titular del STC Metro

12 May 2021

266 veces

En sesión virtual, y a propuesta de la coordinadora de Morena, diputada Martha Ávila Ventura, y el legislador José Luis Rodríguez, del mismo partido, se pidió investigaciones puntuales para conocer las causas de los hechos y deslindar responsabilidades

Donarán diputadas y diputados locales un mes de dieta para víctimas del incidente en la L12

12 May 2021

225 veces

En solidaridad con las familias de las personas fallecidas y lesionadas, derivado del accidente de la Línea 12 del STC Metro, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la donación de un mes de dieta de las y los 66 legisladores.

Analizarán legisladores locales la recuperación de espacios públicos en la CDMX

10 May 2021

270 veces

Se abordarán temas como la construcción de un parque en la Planta de Reciclaje de la colonia Del Gas en la alcaldía Azcapotzalco, así como el proyecto de Calzada Flotante en avenida Chapultepec.

El Congreso local reconoce la labor de los maestros

10 May 2021

290 veces

A fin de reconocer la labor del personal docente de la Ciudad de México y del país, el Congreso local exhortó a su Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordar una sesión solemne para conmemorar el “Día del Maestro”.

Exige Congreso capitalino investigar a fondo el accidente en el Metro

05 May 2021

295 veces

Tras el incidente en un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México lamentó la tragedia y exigió a las autoridades emprender investigaciones de fondo para deslindar responsabilidades.

Congreso capitalino solicita al TSJCDMX informar avances en paridad y perspectiva de género

05 May 2021

223 veces

Por unanimidad, el Pleno del Congreso local aprobó exhortar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, a remitir un informe sobre las medidas implementadas por el Poder Judicial en favor de la paridad

Congreso CDMX entrega “La Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020”

29 Abr 2021

279 veces

En sesión solemne, el Congreso de la Ciudad de México entregó este jueves “La Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas 2020”, a la activista Karla de la Cuesta Soria.

Comisión de Desarrollo Económico aprueba eliminar la "Ley Seca" en CDMX

29 Abr 2021

276 veces

La Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso local aprobó dictamen para eliminar la "Ley Seca" en Ciudad de México.

Legislar para evitar plagios de artesanías mexicanas por parte de casas internacionales de moda

27 Abr 2021

354 veces

Proponen artesanos crear licenciatura en producción artesanal en la UACM.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.