La venta del avión presidencial que fue comprado por la administración de Felipe Calderón, pero que fue usado por Enrique Peña Nieto, y el destino de los supuestos recursos que se obtendrán por ello, está resultando una de las más grandes mentiras del lopezobradorismo.
Primero, el entonces candidato afirmó que un avión como ese “no lo tiene ni Obama”. Un tanto en chunga y un tanto en serio, López Obrador aseguraba en ese entonces que el avión presidencial mexicano era tan lujoso que hasta alberca tenía. Ello provocó que el área de Comunicación de la pasada Administración organizara un recorrido con reporteros para que conocieran a fondo la aeronave. Ninguna crónica o nota informativa de ese recorrido documentó lujos, y mucho menos albercas al interior del avión.
El avión presidencial bautizado “José María Morelos y Pavón” tenía, además del área de asientos para el presidente y sus acompañantes, una zona de aproximadamente 80 lugares que ocupaban miembros del Estado Mayor Presidencial y los reporteros que acompañaban al mandatario en sus giras de trabajo. También disponía de una recámara para el presidente y dos áreas de cocina donde se concentraban los alimentos y las bebidas que se servían a bordo.
La recámara era pequeña, pero contaba con todo lo necesario para el descanso del presidente. Habrá quienes afirmen que la recámara era lujosa, y habrá quienes consideren que en realidad no había lujo en ella.
El avión por sí mismo no puede ser tomado como referente de dispendio presidencial. Comparada con las que usan mandatarios de otras naciones, la aeronave no era ni más ni menos. El Air Force One, que utiliza el presidente de los Estados Unidos, o cualquiera de las dos aeronaves que llegaron a México en noviembre de 2015, transportando al emir de Qatar, jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, y a su comitiva, hacían ver al José María Morelos y Pavón como un avión de juguete. Esos sí son aviones de lujo.
Sin embargo, el avión presidencial fue tomado como bandera para hacer notar los dispendios de la administración anterior. Su venta fue prometida desde la campaña de López Obrador, y el destino de los recursos que se obtendrían por esa venta va desde el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica hasta obras para llevar agua a Zacuatilpán, Hidalgo.
Lo cierto es que el avión no es propiedad del gobierno federal aún, porque no se ha terminado de pagar el contrato firmado entre Banobras y la empresa Boeing en noviembre de 2012, por un costo de 2 mil 952 millones de pesos, a pagarse en 15 años.
El propio secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó en abril pasado ante el Senado de la República que “no habrá recuperación de dinero por la venta del avión presidencial. Con lo que se obtenga sólo se dejará de pagar el costo del arrendamiento financiero por su adquisición”. Y precisó: “O sea, no vamos a recuperar dinero, vamos a dejar de pagar lo que falta por los años siguientes”.
El discurso del dinero por la venta del avión sirve de desvío y de promesa fácil. Atole con el dedo, le llaman.
En el garlito de la venta, López Obrador también ha embarrado a la ONU, que supuestamente será la encargada de vender la aeronave. Han dicho en varias ocasiones que ya hay ofertas, que el avalúo de Naciones Unidas es de 150 millones de dólares y otras cosas más. En tanto, tan sólo durante el primer año de tener el avión parado en un hangar de Victorville, California, se está pagando a Boeing 719 mil 321 dólares, por la vigilancia y por el espacio que ocupa.
Cuántos proyectos más, o cuántas obras más, serán anunciados con los recursos provenientes de la venta del avión.
