La política de abrazos, no balazos, para atacar la inseguridad en el país no está dando resultados positivos. Durante muchos años se ha insistido en la necesidad imperiosa de fortalecer a las policías estatales y municipales para que los estados de la República y la Ciudad de México asuman su responsabilidad en la difícil tarea de combatir al crimen organizado y reducir la comisión de delitos de alto impacto que caen en el terreno del fuero común.

En esta administración, el gobierno federal decidió apostarle todas las canicas a una Guardia Nacional que tendría como uno de sus objetivos enfrentar la delincuencia en actividades de seguridad pública. Esta misma Guardia Nacional hoy dedica gran parte de sus esfuerzos a actividades migratorias para evitar que las oleadas de centroamericanos ingresen al país y lo atraviesen con la intención de llegar a Estados Unidos.

La Guardia Nacional no está cumpliendo con el objetivo para el que fue creada, y mientras, las policías estatales y municipales se encuentran casi en el abandono institucional y condenadas a practicar sus mejores abrazos para los delincuentes.

En lo que va de 2019 han sido asesinados 421 policías. De ellos, 66 en Guanajuato, 40 en Michoacán, 29 en Jalisco, 23 en el Estado de México, 19 en la Ciudad de México, 19 en Puebla, 15 en Morelos, otros 15 en Veracruz y 12 en Sinaloa, entre otros. Evidentemente, en estos casos los abrazos no fueron lo suficientemente cálidos como para evitar la muerte de policías que fueron abatidos en el cumplimiento de su deber.

Durante los sexenios anteriores, las muertes por homicidio se les contabilizaban a los mandatarios. Son sus muertos, insistían los opositores. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca repartir culpas de lo que sólo a él corresponde. En un giro de su estrategia propagandística, el mandatario exhibió un reporte en el que se indica la asistencia o no de los gobernadores a las reuniones de seguridad que se llevan a cabo en sus estados.

Sin embargo, el sólo hecho de que no asistan no indica nada. Veamos: el gobernador que menos asiste a esas reuniones es el de Campeche, Miguel Aysa González. Sin embargo, esa entidad es una de las más seguras del país. Sólo se encuentra por debajo de Yucatán y Aguascalientes en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, y sólo por debajo de Yucatán en el semáforo de ejecuciones. Registra 0.2 secuestros por cada 100 mil habitantes, una tasa sólo superada por tres entidades federativas. En general, la situación de Campeche en materia de seguridad se puede calificar como muy buena.

En comparación, la Ciudad de México, cuya Jefa de Gobierno es la que más ha asistido a las reuniones de seguridad y por ello fue elogiada por el presidente López Obrador, no puede presumir lo que Campeche sí. La ciudad capital registra una tasa de 11.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ejecuciones, la tasa nacional es de 79% mientras que la CDMX se sitúa en 52%. Además, ocupa el quinto lugar en tasa de secuestros, con 1.5 por cada 100 mil habitantes, y en percepción de inseguridad sólo se ubica por debajo de Tabasco. La situación de la capital del país no puede considerarse buena en materia de seguridad.

Con esos resultados, la pregunta lógica es ¿de qué está sirviendo asistir a las reuniones de seguridad? A la vista de los resultados, de nada o de muy poco.

Sin embargo, para el presidente López Obrador es un indicador de quién está trabajando y quién no. al menos así lo expresó públicamente.

La realidad es que el presidente reparte culpas de lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad, y busca deshacerse de la carga pública. Miren, no avanzamos en seguridad porque los gobernadores no asisten a las reuniones de seguridad pública, parece decir.

Ahora veamos los números en términos nacionales: de acuerdo con el semáforo delictivo, en octubre pasado en el país había 9 semáforos en rojo, 2 en amarillo y ninguno en verde. Comparado con septiembre de este año, en octubre aumentaron los homicidios, los secuestros, la extorsión, el narcomenudeo, el robo de vehículos, a casa, a negocio, y también se incrementaron la violación y la violencia familiar. Tan sólo el homicidio reportó 2 mil 430 carpetas en ese mes y el robo de vehículo y a casa se colocaron en semáforo amarillo, por debajo de la media histórica.

Al tercer trimestre del año, el homicidio es el indicador más preocupante, con una tasa 5 veces superior a la tasa mundial. Aunque el presidente López Obrador declaró el fin de la guerra y su plan de pacificación del país contempla la regulación de las drogas como estrategia para la paz, la guerra continúa. El incremento del narcomenudeo es un indicador de que las policías siguen distraídas en la guerra, y por tanto los homicidios continuarán subiendo o se mantendrán altos si el gobierno no empieza a regular las drogas.

Además, la Guardia Nacional podrá ayudar en algunos delitos, pero difícilmente logrará impactar en homicidios, y menos ahora que se ha distraído en funciones de migración en la frontera sur.

Los resultados obtenidos en este primer año de gobierno no son buenos, y preocupa el deterioro en Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México y Quintana Roo. El secuestro y la extorsión van al alza y suben como la espuma. Por su parte, la violencia extrema tiene un impacto negativo en la tasa de crecimiento económico y en la pobreza extrema. Además, el desempleo ha incrementado y es un factor negativo que impacta en delitos patrimoniales.

Definitivamente, las reuniones de seguridad vistas por sí solas no sirven de nada. La estrategia en su conjunto es lo que está fallando. A México le urge atender el grave problema de la inseguridad antes de que se desborden diversos delitos de alto impacto que están creciendo. El gobierno debe dejar a un lado la política de abrazos, no balazos, y empezar a entender que la inseguridad es un problema que no se resuelve con frases de lugares comunes, y mucho menos con propaganda política para hacer creer que hay avances, cuando en realidad hay graves retrocesos.