Todo el gasto programable del próximo año está destinado a mantener la mayoría en la cámara de diputados federal por parte de Morena y sus aliados, así como ganar el mayor número de las 15 gubernaturas que están en juego en las elecciones intermedias más concurridas y para ello se busca fondear los programas político-asistenciales del presidente de México.

Entre las tres obras insignia del gobierno que a la postre no representan una solución de fondo a los temas energéticos (refinería Dos Bocas), de conectividad aérea (aeropuerto de Santa Lucía) y terrestre en el sureste del país (Tren Maya) y si se han convertido en barriles sin fondo en donde esos recursos públicos deberían destinarse, por ejemplo,  a mejorar todo el sistema de salud, particularmente en el suministro de medicamentos y vacunas, además de paliar la crisis económica. Es más no está presupuestado ni etiquetado los recursos que se destinarán para comprar la vacuna contra el Covid-19

No hay ningún interés de parte del Ejecutivo de solucionar los problemas que más agobian a los mexicanos, como la crisis económica, la sanitaria o la de inseguridad pública, lo relevante para él es ganar las elecciones del próximo año.

Ese es el objetivo del presupuesto, además de sustraerles recursos a los gobernadores y presidentes municipales para usarlos  a su modo y conveniencia política.

Desde San Lázaro, la diputada del PRD,  Mónica Almeida, aseguró que el proyecto de presupuesto que se está discutiendo en el pleno de la Cámara de Diputados nuevamente atiende los caprichos presidenciales para dar vida a sus megaproyectos y alimentar los programas electoreros del Presidente de México, dejando en el olvido a la sociedad y por ende sus necesidades reales.

Por su parte,  la legisladora Verónica Juárez Piña expresó  que este presupuesto retrata de cuerpo completo a un gobierno que carece de un modelo de recuperación ante la crisis que este mismo gobierno ha profundizado. “Este presupuesto que la mayoría aprobará, es igual que los dos anteriores. No aprendieron nada y nos condujeron a la crisis.”

La Coordinadora perredista calificó al PEF2021 con dos frases: clientelismo electoral y culto a la personalidad.

La Diputada Federal por Jalisco, aseveró que “la crisis económica generada por la cuarta transformación y agravada por la pandemia producirá, únicamente en este año, entre 9 y 10 millones de pobres y entre 6 y 10 millones de personas en situación de pobreza extrema.”

Este es un presupuesto que quita recursos a la procuración de justicia; a la seguridad pública; a los organismos autónomos y a los poderes de la Unión que son contrapesos institucionales; a los estados y municipios, que son los primeros en responder ante las demandas ciudadanas más inmediatas; y que elimina las escuelas de tiempo completo e incumple el mandato constitucional de garantizar financieramente el derecho universal a la educación superior.

Además, mantiene sin resolver el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer; que quita recursos al fondo en salud y no los aplica en este presupuesto; que reduce el gasto al campo y al medio ambiente; que financia programas sociales clientelares a costa del recorte al gasto de programas; y que sustituye la rectoría del Estado por coperachas y rifas.

“Mientras otros países, que sufrieron la misma pandemia, generaron políticas fiscales para apoyar a las empresas, al empleo y a los ciudadanos en general en nuestro país el presidente calificó de corruptos a los empresarios dejándolos sin ningún apoyo y optó por lucrar, sin miramientos con una clientela electoral a costa del erario público y del bienestar en general de la economía ahora podemos constatar, que únicamente ha beneficiado a sus compadres que él colocó en el poder”, sostuvo.

El gobierno federal ha establecido un régimen de terrorismo fiscal para incrementar la recaudación de impuestos, ha generado los mecanismos para adueñarse de las propiedades de las y los ciudadanos a través de la discrecional extinción de dominio, ha desaparecido los fideicomisos que daban vida a múltiples proyectos científicos, tecnológicos, educativos, culturales y de protección de los derechos humanos y, no conforme con eso, ahora, después de haber estigmatizado a las y los funcionarios públicos, inconstitucional e ilegalmente, les arrebata la mitad de su aguinaldo en un afán desmedido para allegarse de más recursos.