La apuesta del presidente López Obrador por mantener la mayoría de Morena en la cámara de diputados, es la inoculación masiva contra el Covid-19, sin embargo, la impericia del gobierno federal y en particular del sector salud encabezado por la secretaría de Salud y el Insabi, hará imposible que ello ocurra,  por lo que no solo se llegarán a 200 mil muertes en el segundo semestre del año, aunque en la realidad serán medio millón de mexicanos, sino que se pondrá en riesgo la permanencia en su puesto, por la revocación de mandato.

Esta postura además de ser inhumana y carente de ética y empatía, raya en transgredir derechos humanos y  podrían fincarse responsabilidades por delitos de lesa humanidad.

En los dos primeros años de este sexenio,  ha quedado claro que el gobierno de AMLO no tiene la capacidad para enfrentar grandes retos y el de la vacunación es uno de ellos, así que, no dude estimado lector que, cuando se les haga bolas el engrudo, el ejército y la Marina saldrán al quite para garantizar la vacuna  en el 70 por ciento del total de la población.

Según la Organización Mundial de la Salud, para erradicar el COVID-19 del mundo debe estar vacunada  ese porcentaje de la población mundial y haber generado anticuerpos, por lo cual es necesario que en México se logre vacunar a más personas para asegurar que adquieran resistencia a este virus.

Así que, mientras en  otras latitudes del mundo  como  el Reino Unido o Estados Unidos se llevan aplicadas más de dos millones de vacunas,  aquí,  apenas se han inoculado a poco menos de 40 mil personas.

Dice AMLO que para finales de marzo estarán vacunados todos los adultos mayores y que posteriormente se seguirá con la población en general, meta que se ve como un sueño guajiro y no porque se carezca de la posibilidad de adquirir el antígeno de los diferentes laboratorios en el mundo, sino por la incapacidad para  distribuirlas y aplicarlas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Si en la aplicación de otras vacunas como la influenza y el cuadro básico de vacunación para infantes,  hay insuficiencias graves  que han repercutido en afectaciones a la salud de la población, no quiero imaginar lo que pasará con la vacuna del Coronavirus.

López Obrador tiene la obligación de cambiar sus prioridades si es que quiere salvar  vidas y  evitar más daños colaterales, en lugar de buscar ganar la elección intermedia,   debe hacer todo lo que esté a su alcance para la atención de la pandemia con la  reasignación de todo el presupuesto disponible y dejar atrás sus proyectos faraónicos, así como el fondeo de los programas político-asistenciales.

Si solo en el discurso se plasma esta prioridad, pues en menudo lío estamos metidos todos, en virtud de que política pública que no cuenta con recursos presupuestales etiquetados es pura demagogia y este es precisamente el caso que nos ocupa, debido a que en el presupuesto de este año no aparece ningún apartado en donde esté plasmado el recurso para la compra del antígeno y su aplicación a la población.

La coalición conformada por el PAN, PRI, y PRD debe detonar los resortes necesarios en el Congreso para exigir al Ejecutivo que la aplicación generalizada sea la máxima prioridad del gobierno y que por lo tanto deben detenerse las obras de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, además de dejar de fondear programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida,  entre otros, quienes nadan entre la opacidad y  el dispendio, sin  beneficio alguno para los mexicanos. Todo ese dinero debe aplicarse en vacunar a la población, así como atemperar los efectos de la crisis económica.

En lugar de trabajar en estos momentos con todos los gobernadores y la iniciativa privada para generar una gran sinergia que permita vacunar al mayor número de mexicanos en el menor tiempo posible, se empeña en polarizar, alimentar el encono y pretender sacar raja política de la gravísima situación.