Ante el temor de perder la mayoría en la cámara de diputados como resultado de las elecciones intermedias, el presidente López Obrador decidió abrir el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso,  con una Iniciativa preferente de reformas  a la Ley de la Industria Eléctrica en donde subyace el interés de que la ex paraestatal maneje las tarifas eléctricas a su antojo y dejar atrás las energías limpias para dar paso al carbón y al combustóleo, además de restituir el monopolio del Estado en la generación del fluido eléctrico.

Se manda la Iniciativa bajo la figura preferencial para que no haya nada que impida su autorización y con ello queda de manifiesto que se está contemplando realmente la pérdida de la mayoría en la cámara baja, toda vez que esa Iniciativa pudo entrar con la Nueva Legislatura y que, con las bondades que dice tener y que se manifiesta en los considerandos, pues no tendría riesgo de que  se  rechazara, sin embargo, el miedo no anda en burro y prefieren mandarla ahora  bajo esa modalidad.

La propuesta en cuestión precisa que se garantizaría un sistema tarifario donde los precios se actualicen conforme a la inflación, aunque ahora la CFE ha subido los precios de la energía eléctrica en rangos que van desde el 10 al 60 por ciento y para constatar ello, solo hay que observar el importe del recibo de luz.

Dice la iniciativa presidencial que con esta se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a los participantes privados de la CFE, lo que en cristiano significa darle el tiro de gracia a los participantes privados que han logrado abaratar el vital fluido eléctrico, al tiempo de utilizar energías limpias en su generación.

Estamos ante la nueva reforma energética del presidente López Obrador que pretende llevar a la CFE y a PEMEX a tiempos de las cavernas en momentos en que ambas empresas públicas están quebradas y al borde de la extinción.

La iniciativa preferente presidencial, pondrá en riesgo la calificación de México por parte de las calificadoras internacionales que de suyo, ya representa por si sola una gran amenaza a las finanzas públicas del país, sobre todo ahora,  que, en dos años, AMLO ha endeudado al país más que lo que hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña en ambos sexenios, juntos.

Este retroceso seguramente será impugnado no solo en instancias internacionales, sino que representará otro punto de quiebre con el nuevo gobierno de Estados Unidos, en virtud de que varios de los afectados por la iniciativa presidencial, son corporativos de nacionalidad norteamericana y que participaron en el proceso de apertura del sector energético que se promovió en el sexenio pasado, con un marco jurídico claro y transparente aprobado por todas las instancias legales en México.

Veremos cómo se desarrollará este nuevo desencuentro con Joe Biden y su equipo, propiciado con toda intención por Andrés Manuel López Obrador y  su ex tesorero en tiempos de la campaña, Manuel Bartlett.

El escozor que causa en ambos personajes la participación la iniciativa privada en la generación de electricidad es de tal nivel que, ahora pretender cancelar el concurso de los privados de forma definitiva y con ello regresar al monopolio de la generación eléctrica, además de, por supuesto, fijar los precios de la electricidad.

Es decir, estamos ante un retroceso al pasado en donde los abusos de la CFE contra la población quedaban impunes.

Lo más grave es que, si hace unas semanas, se padeció un apagón nacional de proporciones inéditas y que, mediante documentos apócrifos, pretendieron justificar su incapacidad, en  un incendio de  pastizales en Tamaulipas, ahora, seguramente entraremos a una espiral nacional de apagones; ya que, sin la participación en la generación de la energía eléctrica por parte de los particulares, la CFE, bajo la actual administración, no garantiza el otorgamiento del servicio, sin cortes ni interrupciones.