Mientras que en el corral de MORENA la caballada se adelgaza al grado de la inanición, en donde la consentida del presidente ronda solamente con el 33% de aprobación en la Ciudad de México, Marcelo anda todavía por debajo de esta cifra y  a quien el 48% de los capitalinos lo considera el responsable de la tragedia en el metropolitano, Silvano Aureoles se une a Ricardo Anaya como presunto aspirante a la candidatura de cara al 2024, aquí el problema es que lo han hecho por fuera de la alianza opositora. Silvano aprovechando la estrategia mediática del conflicto post-electoral en Michoacán y si en determinado momento, ante la administración entrante, de confirmarse el triunfo del morenista, el gober Silvano ya se tiró como víctima del oficialismo de AMLO.

Una recomendación a Silvano, que haga pública y difunda por todos los medios, con la participación de la Auditoria Superior Estatal y Federal la entrega recepción, independientemente del partido que gane al final la elección para gobernador, sea quien sea.

Anaya sigue siendo el caballero solitario dentro de los esfuerzos por terminar con la administración morenista y truncar definitivamente el intento aspiracional de la administración de Andrés Manuel de transformar el país para mejorar, que sigue siendo un deseo porque en los hechos poco o nada se ha concretado en los primeros tres años de gobierno y con los nuevos equilibrios políticos difícilmente algo concretará.

Sin embargo, en Michoacán no se han dicho las últimas palabras, en donde las acciones de la clase media y de los pueblos originarios empiezan a tomar acciones frente a la claudicación del gobierno federal en garantizar la seguridad de sus pobladores en contra del crimen organizado, creando autodefensas y guardias blancas por la no presencia suficiente de la Guardia Nacional.

La autodefensa es un derecho de los pueblos originarios y de las comunidades ante la ausencia de seguridad que las autoridades legítimamente constituidas no la garantizan y estas acciones son constitucionalmente sustentadas, y establecen un principio constitucional para su remoción, en donde son legales, pero no legítimas, ello es suficiente para la remoción de estas autoridades establecido en el artículo 39 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si no responden las autoridades a las demandas de la población, esta está en su legítimo derecho de remover o sustituir a estas autoridades, situación que puede ocurrir en varios municipios de nuestro país y muchos de Michoacán, en donde ya hubo enfrentamientos y lamentablemente muertos, o Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Puebla, etc.

Es por ello que el presidente AMLO sale con prisa a atajar estas acciones en Michoacán, pero él sabe que tiene que ser con detenciones como en Reynosa en donde ante la delincuencia organizada lograron detenciones, es decir se necesita inteligencia policial para lograr la prevención o disuasión de los delitos y evitar las masacres.

Cada día que pase vamos a extrañar más a la PFP.

Un tema recurrente son los famosos programas sociales que estuvieron en el centro del debate electoral y que fue impugnado por toda la oposición, no solo por su origen ni destino, pero también por su eficacia y oportunidad electoral con la que se operaron. Hasta el presidente se encontró dentro de este debate en donde remueve a su Coordinador de Delegados Federales directamente responsable de los malos resultados de MORENA, confirmando su alcance electoral que molestó tanto al presidente que despidió a Gabriel García, hombre fuerte de titular del Ejecutivo hasta hace unos días.

Entonces es importante revisar a la luz de los resultados, eficacia y eficiencia para resolver los problemas que platea atender desde su origen y concepción, para con ello claro, poder evaluar su eficiencia y trascendencia.

Cuando el presidente afirma que él si recibirá su tarjeta de pensión universal, abre un debate indispensable. Qué dirán los que ganaban hasta 3 salarios mínimos, que es el monto que el CONEVAL señala como el umbral de la línea de bienestar para la sociedad mexicana, o la frontera entre grupos vulnerables y la clase media, que de acuerdo a una encuesta frente a frente el 70% de la población se considera integrante de este estrato, contraviniendo de manera directa las cifras del mismo consejo de evaluación de la pobreza.

Esto es suficiente para revisar la universalidad de los programas y la necesaria focalización de los mismos, en donde va a ser muy difícil justificar que Andrés Manuel, teniendo ingresos netos por salario de más de 110 mil pesos mensuales, se le otorguen los 3 mil pesos bimestrales en donde no vemos que vaya a hacer diferencia. Cuando el año entrante deje de ser presidente y que, igual que los otros ex no tenga pensión, si es posible que sea necesario este apoyo, pero ahorita -que ya califica con el único criterio del programa- no.

Dentro de la operación del programa la única y más importante restricción que vemos es la presupuestal, suficiente para generar presión por parte de la población que califica para este programa, personas de más de 65 años, necesítelo o no, que han tenido que esperar para la incorporación al padrón de beneficiarios de dicho programa a que exista más presupuesto o que algunos de los viejecitos cuelgue los tenis para que el solicitante aspiracionista pueda recibir el tan anhelado apoyo y la promesa de que llegará en el 2024 a los seis mil bimestrales.

Este programa es a todas luces insolvente y económicamente insostenible, ya que, de continuar las tendencias poblacionales: el envejecimiento de nuestra población y el aumento de la esperanza de vida, que actualmente ronda entre los 70 años para los hombres y 75 años para las mujeres, va a ir en aumento, solo si logramos aplanar la curva del coronabicho que sigue matando no solo, pero principalmente a los adultos mayores en nuestro país.

El hablar de apoyos para los adultos mayores es políticamente correcto pero inviable económicamente, ya que estamos hablando del cien por ciento de nuestra población mayor de sesenta años, sería importante focalizar para poder hablar de justicia distributiva y excluir a AMLO, Salinas, Romero, y todos aquellos adultos mayores que tengan medios para sustentar su pensión contributiva, y enfocarnos a la población abierta que no tiene medios para su sustento y para los decires de ingreso menores a 3 salarios mínimos.

Es absurda la justificación para el programa de pensiones de adultos mayores cuando señalan que es para la población que entregó sus mejores años a nuestro país, si así fuera, no tendrían la necesidad de andar mendingando el apoyo, tendrían resuelto el último tramo de su vida, en donde una vida productiva le permite lograr una vejes sin sobresaltos.

Este es el problema de la cultura justificada de la limosna, en donde se nos ha vendido como un derecho solamente por ser ciudadanos y la verdadera solución es que ningún adulto mayor que fue productivo dentro de todos sus años de vida no la necesite y el setenta por ciento de la población en México no lo necesita.

Pero hasta la Fundación UNAM le entra a la cultura de la limosna, cuando en su campaña promueven becas otorgadas por a portantes altruistas, en donde deberíamos de lograr empleos de medio tiempo y avanzar hacia un modelo mixto para trabajadores de medio tiempo en donde devenguen el recurso económico que reciben y que además logren experiencia laboral, un esquema de gana gana, en donde las empresas pueden ir formando cuadros con capacitación y los alumnos con su compromiso laboral y educativa inicien su vida productiva mientras incrementan sus capacidad y sin duda no van a necesitar la pensión subvencionada con recursos públicos.