La principal bandera política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no puede ser enarbolada más. Recientes revelaciones periodísticas han tirado por tierra la supuesta superioridad moral de la actual administración, para dejar expuesta la mortalidad e inmoralidad de varios prominentes miembros del lopezobradorismo.

Pandora Papers, la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, es resultado de la indagatoria de más de un año realizada por más de 150 medios de comunicación en el mundo, incluidos tres mexicanos y uno latinoamericano, que reveló en casi 2 millones de documentos las operaciones de líderes, funcionarios y políticos en 91 países, que utilizaron paraísos fiscales para ocultar operaciones financieras y, evidentemente, burlar al fisco.

Los nombres de mexicanos que figuran en esta investigación pegan en la línea de flotación del gobierno de López Obrador. Por supuesto, el mandatario mexicano ha minimizado la importancia de la revelación, y se ha limitado a recitar el clásico “se llevará a cabo una investigación”. Para restarle importancia, también recurrió al muy clásico “(Raúl) Salinas robó más”.

Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico de la Presidencia hasta hace un mes. Scherer incurrió en delito al no declarar en su patrimonio un departamento de un millón y medio de dólares en la avenida Collins, en una de las zonas más exclusivas de Miami, Florida. El exconsejero explicó que las operaciones por las que obtuvo la propiedad del departamento las realizó cuando aún no era funcionario público. Sin embargo, Scherer no incorporó esa propiedad en su declaración patrimonial, que por ley presentó al pertenecer al gobierno federal, lo que en sí debe ser considerado como un delito.

Curiosamente, los miembros del gobierno de López Obrador con frecuencia olvidan declarar distintos inmuebles de su propiedad. Los inmuebles ocultados, u olvidados, reflejan pequeñas o grandes fortunas que no concuerdan con el discurso austero cuasi franciscano que pregona el lopezobradorismo.

Primero fue Olga Sánchez Cordero, después Irma Eréndira Sandoval, Javier Jiménez Espriú, y finalmente Manuel Bartlett, quienes evitaron incluir distintos inmuebles en sus declaraciones patrimoniales. Ninguno de ellos fue sancionado por esas omisiones.

El nombre de Manuel Bartlett vuelve a nombrarse. Su pareja, Julia Abdala, quien aparece como propietaria de la mayoría de los 23 inmuebles adquiridos durante los últimos 20 años, también figura en los Pandora Papers.

Julia Abdala aparece en los Pandora Papers como socia de Roybell International Inc., inscrita en Panamá en 2011. Además, a finales de 2017 Abdala abrió una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust en las Bahamas. Manuel Bartlett no reportó ninguna de estas dos acciones en su declaración patrimonial, seguramente escudándose con el argumento de que Abdala no es su esposa ni ha sido su concubina.

Algunas versiones surgidas de Palacio Nacional señalan que Julia Abdala es una figura influyente que acciona para el otorgamiento de contratos gubernamentales, principalmente en el sector energético. Las mismas versiones afirman que López Obrador conoce y tolera la forma de actuar de Abdala, lo que metería al mandatario en una suerte de complicidad -como la que tuvo en los casos de Sánchez Cordero, Sandoval, Jiménez Espriú y el mismo Bartlett-, que también es corrupción. Manuel Bartlett, por su parte, camina con la seguridad de que es uno de los funcionarios más protegidos y arropados por el presidente.

La falta en que incurrió Scherer no será castigada, como tampoco lo fueron las faltas de las exsecretarias de Gobernación y de la Función Pública, del extitular de la SCT y del aún director de la Comisión Federal de Electricidad.

Las investigaciones periodísticas que han exhibido la falta de pulcritud y la insolvencia moral de distintos prominentes miembros del gobierno de López Obrador también han sido rechazadas por el mandatario, pero nunca rebatidas con argumentos.

El mito del gobierno y del presidente incorruptible se cae a pedazos. La percepción social sobre la corrupción en México no es favorable para el presidente López Obrador. La Tercera Encuesta Nacional sobre Corrupción e Impunidad realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, arroja que en los últimos dos años aumentó 12.1% el porcentaje de personas que consideran que el presidente de la República es corrupto al pasar de 22.2% en 2019 a 34.3 en este año.

Además, en el mismo periodo la evaluación al trabajo del presidente sobre el combate a la corrupción cayó 27% al pasar de 70% a 43%. Como cereza del pastel, en 2019 el 52% de los mexicanos creía que la corrupción disminuiría el siguiente año, y en 2021 esa cifra cayó hasta 29%. Ahora, 43% cree que en 2022 tendremos más corrupción.