• Estadolatría y la doble tributación

• Se confirma Jueces por consigna

La propuesta de reforma constitucional es a todas luces inconstitucional, no porque se pretenda revertir la reforma eléctrica liberal de Enrique Peña Nieto, el mejor presidente de la vida reciente de nuestro país, aunque le duela a muchos incluido el pinche brozo, y mejor que Cárdenas y su paisano López Mateos o Salinas que inició el camino liberal, pero se quedó corto, porque puso a nuestro país en el camino de la modernidad y de la transparencia junto con los gobiernos tibios del PAN, sino porque contraviene principios liberales de la misma carta magna en otros muchos aspectos.

Además es inconvencional porque va en contra de muchos pactos internacionales de los que somos suscritos para la gobernanza global, en materia de inversiones, laboral, de mercado y por supuesto medioambientales.

Y es farolera porque en materia energética las concesiones vigentes están protegidas por la no retroactividad de la ley y en caso de que se pueda aprobar, que yo lo dudo mucho, se va a tirar por principios de convencionalidad a través de juicios de amparo que deberíamos de promover todos los ciudadanos libres de este país.

El priismo la tiene fácil, en donde se puede tomar el tiempo para ir desechando por partes la iniciativa en comento, primero lo de los órganos establecidos constitucionalmente en materia de energía que son técnicamente autónomos pero que sirven al sector público de energía, es decir a la Secretaría de Energía, a la CFE, PEMEX y principalmente a los consumidores, después el auto-abastecimiento, después los bonos verdes, después los de las cuotas que permite obtener energía de fuentes intermitentes, limpias y más baratas y al final quedarse solamente con las cuotas de mercado, que -insisto- debería de ser 40 % CFE, en lo que la liquidamos o se liquida sola o la liquida su titular y 60% para el mercado libre, en donde la CFE seguiría con el control casi monopólico de la distribución, con excepción de los auto abastecidos. 

Pero el problema es de fondo, en donde AMLO ya definió cuales son los alcances de su visión de la justicia distributiva y también que tipo de clase media piensa y está en proceso de construcción.

Su clase media es burocracia y más burocracia. La burocracia dorada de las empresas improductivas del estado, tanto PEMEX y CFE que tienen prerrogativas exageradas y que no son socializables para el general de los trabajadores porque estas se pagan con recursos públicos, es decir con nuestros impuestos, que son generados principalmente por personas de a pie, trabajadores y empresarios que se empeñan en salir adelante a pesar del peor gobierno de la historia de este país, el más opaco y corrupto.

La burocracia del gas bienestar, de la burocracia de la tienda de reya del bienestar, que no es banco, sino una tienda de raya dispersora de recursos públicos, antes Bancefi, los seudo becarios de los Siervos de la actual administración, las obras que hace el ejército y todos los inútiles funcionales de los programas de la jefatura de gobierno, como los bicicleteros del paseo ciclista dominical, los alentadores y animadores de los centros de vacunación y todos los jala aplausos y croqueteros de las mañaneras o los acarreados de los mítines matutinos del titular de la actual administración.

Pero lo más grave es lo que las personas no entienden, es que todos estos programas y bienes se pagan con nuestros impuestos, el gas ya lo pagamos con nuestros impuestos, la gasolina, la electricidad, y todos y cada uno de los salarios devengados o no por la burocracia son pagados con nuestro dinero y por lo mismo resulta estúpido que nos pidan que lo volvamos a pagar.

En tal sentido, una doble tributación es reconocida como "aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición o cobro en dos o más momentos, por la totalidad o parte de su importe, durante un mismo proceso si se trata de impuestos periódicos y por una misma causa"

En el caso de los servicios públicos, todos son pagados con nuestros impuestos, todos incluidos el gas, la gasolina, diesel, electricidad, las becas y por supuesto los arbolitos y el Plan DN-3 y los doscientos pesos que trae Andrés en la cartera, claro de los más de 120 mil pesos que cobra mensualmente, más vales, bonos y demás chuladas que integran el salario de la burocracia en nuestro país y que actualmente le hemos pagado más de tres millones de pesos en lo que va de esta administración federal, y sin casi trabajar de presidente, por lo que, no deberían de volver a cobrar porque terminamos pagándolos dos veces, por ello los movimientos anti pago de la luz, y la gasolina, el agua y etc, etc, etc.

Es el mismo caso de la cancelación estúpida del aeropuerto, que ya nos costó más de trescientos mil millones de pesos contar con un equipamiento para esta ciudad, porque tuvimos y tenemos que pagar lo que costó la cancelación y que aun debemos, más lo que nos cuesta la construcción en Santa Lucia que ya rebasa los cien mil millones de pesos y eso que lo hacen militares, de ser contratistas privados estaríamos alrededor de los 180 mil millones de pesos que era el costo del proyecto de Texcoco.

El costo de la alianza legislativa ya empieza a ser cara para AMLO, en las comisiones de Cámara ya se ve, al darle al PVEM la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y al PT la Comisión de Bienestar o Desarrollo Social. Y eso que apenas empieza la legislatura.

Si no queremos seguir pagando la burocracia de cuarta, el día 27 de marzo de 2022 hay que votar por el sí queremos que se termine de manera anticipada la presidencia de AMLO, de ti depende frenar el daño.

Terminaba la entrevista de Loret de Mola con Arturo Zaldívar y en ese mismo momento la realidad confirmaba los que el ministro presidente de la Corte negaba, sobre la existencia de jueces por consigna, en donde Rosario Robles B, conseguía una segunda resolución sobre la prisión preventiva oficiosa dictada en primera instancia por el juez Padierna y que pone en evidencia, que la evidencia que aceptó dicho personaje es por lo menos de dudosa procedencia o falsa, desmintiendo con todos los dientes lo que el magistrado señalaba minutos antes.

De confirmarse dicha resolución, la imputada, que no sentenciada, va a poder, como su derecho lo establece, seguir el resto del proceso bajo alguna medida cautelar pero fuera de prisión, hasta el desistimiento de la fiscalía federal desacreditada por su titular, en donde no existe ninguna duda de que se trabaja por consigna, no jurídica, si política.