Entre la pandemia derivada de Covid-19; el desplome del PIB desde antes de la irrupción del “coronachino”; el ajuste a la baja de las participaciones estatales; el nulo apoyo económico de la Federación para atender la contingencia y la mala administración de la mayoría de los gobernadores, han puesto en bancarrota a las entidades que, a raíz de los resultados de las elecciones del 6 de junio, tendrán nuevo mandatario.

De los 15 estados en donde hay relevo de gobernador, 13 de ellos están en bancarrota, a tal nivel que ni siquiera tienen para pagar la nómina y salvó  honrosas excepciones como Querétaro que liquidó toda su deuda externa, los demás están clamando a San Andrés para que los ayude.

Veamos, las deudas de algunos estados que tienen problemas; Campeche registra una deuda de 2,392 millones de pesos; Chihuahua alcanza 47 mil 612 millones; Colima, 3,683, Guerrero, 1,413; Michoacán, 19 mil 593; Nayarit, 5 645 y Nuevo León 78 mil 425.

La deuda de los estados y su impacto en el gasto corriente, tiene que ver, por supuesto con los ingresos asignados por la Federación, ingresos propios y el número de habitantes, en esa lógica las entidades con mayor población tienen mayores niveles de deuda, aunque esto no quiera decir que este hecho mantenga una espada de Damocles sobre su viabilidad económica.

A este componente, el de la deuda, habrá que sumar el factor corrupción y allí es donde se rompe cualquier ecuación y por ello los sabuesos de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, salieron a la caza de varios gobernadores que ya  dejaron sus cargos o están por hacerlo.

Si esto ocurre a nivel estatal, no quiero imaginar cómo están los municipios del país, tanto los que cambiaron de alcalde y los que están por hacerlo.

Parece un mal endémico de México, el que los gobernantes no tienen la capacidad administrativa para manejar las finanzas de sus estados con pulcritud y probidad.

Lo vemos incluso a nivel federal, en donde el presidente cercenó a casi todos los programas de política social, al tiempo de recortar el presupuesto a todas las dependencias federales, menos al ejército y a la Marina, en aras de una austeridad franciscana que le quitó operatividad a toda la estructura gubernamental para fondear sus tres obras insignia y sus programas de política social-electoral.

Esta decisión de suyo, ha sido muy costosa ya que con el paso del tiempo, los ingresos del gobierno, se mantendrán en un rango conforme a los precios internacionales que tenga la mezcla mexicana y párele de contar, mientras que el presupuesto será mayor cada vez mayor, debido a los incrementos permanentes en el pago de los intereses de la deuda, el costo de las pensiones, incluyendo el programa de 65 años y más; y el rescate de Pemex y CFE.

Es decir no hay remanentes, no hay recursos por “combate a la corrupción”, no hay fideicomisos que tengan recursos ahorrados para determinadas contingencias. No hay dinero,  por ello voltean hacia las Afores y las reservas internacionales del Banco de México.

El sexenio de López Obrador se ha caracterizado por ahogar las finanzas públicas tal nivel que está en bancarrota técnica, insistimos solo es cuestión de tiempo para que este hecho se manifieste con brutalidad entre la población.

En este contexto, la Federación no tiene posibilidades de rescatar a los estados, ni siquiera para regresar a las participaciones estatales a niveles de antes de la pandemia.

Entonces que hacen los gobernadores, pues ante el reto de atender los efectos de la pandemia y mantener la marcha del gobierno,  la gran mayoría optó por contratar deuda que compromete no solo a las generaciones actuales, sino a las futuras.

Claro, hay entidades que desde hace varios años, pugnaron por renegociar su deuda y con ello abatir el servicio de la misma, sin embargo, con el relevo del presidente de la República y la pandemia, cambiaron las reglas de apoyo a las entidades en problemas y con ello se volvieron a contratar más préstamos.