• A confesión de parte, relevo de pruebas

• Loret y Brozo pactan con la administración de cuarta

Es increíble lo que se dice en los corredores y en los medios de información, pero lo que es de espantar o aterrador es lo que dice Andrés Manuel con respecto a los principios de derecho que deberíamos de conocer y lo más importante de respetar. El presidente sin ningún pudor lo repite en el tribunal de los juicios sumarios por la mañana en el Palacio no de Justicia y no Nacional, en la residencia presidencial de verano del presidente de México.

No don Andrés el que debe de demostrar la culpabilidad es quien acusa, nunca a quien acusas, la carga de la prueba está en quien acusa, no a quien lo acusan. Los abogados desde los titerillos hasta los más connotados saben que a confesión de parte, relevo de pruebas y hasta que estas pruebas son validadas por un juez, se dicta en consecuencia la sentencia que modifica, hasta en ese momento, el estatus jurídico del imputado, solo hasta en ese momento, ya que la aceptación de algún hecho probablemente constitutivo de delito no es sinónimo de culpabilidad jurídica.

Esto es curioso porque algunos medios siguen mintiendo sobre quién miente y porque mienten o emiten su opinión muy poco informada.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la no auto incriminación supone la inactividad del sujeto sobre el que recae la imputación, es decir, el derecho frente a la autoridad de no confesar o confesarse culpable, puesto que, en un sistema mixto o tradicional, con la existencia de la prueba tasada, las confesiones rendidas ante autoridad se les concedía pleno valor probatorio pese al hecho de que, en múltiples ocasiones eran arrancadas bajo el empleo de mecanismos viciados como la tortura y tratos crueles e inhumanos, como testificó Alonso Ancira sobre su acuerdo reparatorio.

Esto es un derecho constitucional, pero estamos seguros de que nadie lo conoce o se han hecho cómplices por ignorancia o por interés legítimo o ilegitimo dentro de los procesos mediáticos que de manera oficiosa y abusiva persigue la actual administración.

El derecho a la no autoincriminación, se encuentra contenido en la fracción II del Apartado A del artículo 20 constitucional y en el artículo 8.2 inciso g) de la Convención Americana de Derechos Humanos donde se ilustra que, esta prerrogativa no solo comporta el derecho a guardar silencio, sino también una prohibición dirigida a las autoridades de obtener evidencia auto incriminatoria producida por el propio inculpado; de ahí la afirmación de que ningún inculpado puede ser obligado a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le imputan, prohibiéndose por tal motivo la incomunicación, intimidación y la tortura, e incluso la confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o el Juez, o ante éstos sin la presencia de su defensor, pues carecerá de todo valor probatorio. (Juan Daniel Porcayo)

Es ridículo lo que en muchos medios de comunicación señalan como que algún imputado se ha declarado culpable, es inconstitucional y en el sistema judicial norteamericano es la famosa quinta enmienda

En un juicio, el derecho contra la auto-incriminación forzada significa que los acusados no pueden ser obligados a declarar. ... Los testigos, en el juicio o durante los procedimientos del gran jurado, también pueden negarse a hablar si temen incriminarse a sí mismos. Esto se conoce como "invocar la quinta enmienda".

Hay que entender, si un juez tiene las suficientes pruebas acusa y solicita la presentación del imputado, y en caso de no presentarse se solicita que la fuerza pública, justificada por orden judicial, para su presentación, de no acudir a la a audiencia solo así esto es constitucional y convencional, se podría solicitar la prisión preventiva oficiosa o justificada.

Lo que hace el presidente es lo mismo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, agandallar a través de torcer la ley, no de acatar la ley.

Pero tenemos la necesidad de insistir sobre este tema tan trascendente para nuestro estado de derecho y nuestra vida democrática. Entiendan Emilio Lozoya, Rosario Robles, José Luis Lavalle, Ricardo Anaya, Enrique Peña, Calderón, Salinas, los factureros, empresarios, clases medieros y todos los integrantes del pueblo que no simpatizan con la actual administración, son inocentes hasta que exista emisión de sentencia por parte de un juez de causa y a pesar de ello, todo integrante del pueblo bueno y del no tan bueno, tenemos tres instancias de revisión para poder perder su acepción de inocencia.

El caso Lozoya se acaba y termina el circo de mentiras de la fiscalía carnal y lo peor para el presidente a cuatro meses y medio del proceso de revocación de mandato, por eso se agarra de un clavo ardiente en el caso de Anaya para tratar de prolongar el caso de simulación del combate a la supuesta corrupción de un solo caso y solamente de un segmento de actuación sin trascender hacia una transparencia absoluta del manejo de los recursos públicos.

Este es la razón de que se realice con la mayor transparencia, que no ha sido el caso de la actual administración porque son recursos públicos. De lo recursos privados, los dueños tienen que ser los que los cuiden y cumplir con las disposiciones de contribuir al desarrollo de nuestro país.

Lo que ya es evidente, es el pacto explícito que tiene Andrés Manuel y Latinus, en particular con Loret de Mola y Brozo, en donde cada vez que al presidente se le complica el engrudo, que de acuerdo a los cortos de la Unidad de Quemados, es cliente recurrente que visita dicha unidad cada mes, los dichos conductores de manera solicita y galante de manera presurosa lo salvan de la quema  y recurren a la denostación y juicio sumario solo con una investigación periodística en contra de la administración de Enrique Peña Nieto, el mejor presidente del México reciente, y esto lo ratifica el gobierno de los Estados Unidos de Norte América al provocar que la contra reforma pierda el carácter de preferente para no discutirse en el presente periodo legislativo,

Hay que decirlo, bien negociado por el presidente Andrés Manuel, que en lugar de la reforma eléctrica logró la apertura casi total de la frontera de nuestro país con USA, a tres años es la primera victoria para la actual administración. Empezamos a domar al Covid-19 apenas.