“No vamos a expropiar, seremos respetuosos del estado de derecho. Vamos a ser respetuosos de la legalidad”.

Esto es lo que decía en 2018 el candidato Andrés Manuel López Obrador ante los insistentes cuestionamientos que se le hacían debido al resquemor de los empresarios por las expropiaciones que llevan a cabo los gobiernos emanados de la izquierda radical y que ya se vislumbraban en un populista en ciernes.

Ahora, ya como presidente se extiende la aplanadora represora del gobierno para despojar a los propietarios de sus predios que, por desgracia están en el nuevo trazado de la vía, por donde transitará el Tren Maya justo en la Riviera Maya.

Se expropiarán 2 millones 410 mil 107.72 metros cuadrados de terrenos para con ello terminar el próximo año, una obra que se ha caracterizado por la opacidad, la corrupción y la ineptitud, ya que, de un presupuesto original de 120 mil millones de pesos, ahora ya contemplan gastar 200 MMP, más lo que resulte de las indemnizaciones que se calculan en mil millones más.

Como les estorbaban terrenos privados por donde cruzará ahora el Tren Maya y que ello representaba un serio escollo para concluirlo, deciden lo que, por antonomasia, hacen los dictadores, socavar el estado de derecho para arrebatarle sus predios a los propietarios.

Claro se argumenta que por ser de interés público es suficiente para el despojo, sin embargo, existe un claro delito que, en manos de un juez imparcial, no procederá el saqueo.

Los terrenos en cuestión están ubicados en Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen por donde está trazado el tramo 5 norte, obra que, por cierto, está a cargo de Sedena.

Imagínese estimado lector que un día se despierta y tiene una notificación en su domicilio de que   perderá su inmueble porque así lo dispone el gobierno federal, pues esto es exactamente lo que ocurrió con los propietarios y hoteleros de la zona expropiada.

La declaración de utilidad pública se sostiene que con el Tren Maya lloverán más recursos a la zona.

La alcaldesa panista del municipio de Solidaridad, Lili Campos Miranda, advirtió que analizaran con lupa la declaratoria de utilidad pública en torno al patrimonio municipal.

Este tipo de atropellos son exactamente los que provoca la fuga de capitales y el retiro de inversiones y de grandes corporativos, como Banamex o el cierre de centros de producción, como la planta de Nissan en Morelos.

Sin inversiones no hay empleo y sin ellos, solo queda recibir las migajas que da el gobierno a través de sus programas de política social con tintes electorales; y esto es justo lo que quieren los de la 4T; más pobreza y marginación.

EL absolutismo del Estado tiene una de sus manifestaciones más claras en la expropiación que tiene grandes implicaciones en el ordenamiento jurídico y en los derechos humanos, entre los cuales está el de la propiedad privada.

Las similitudes entre el gobierno de AMLO y lo que ocurre en otras latitudes del mundo, es asombrosa, particularmente en gobiernos como el de Venezuela, en donde Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, se dieron vuelo para despojar de sus propiedades a connacionales y empresas internacionales.

Tan solo en 8 años, Maduro ha confiscado más de mil empresas, numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg.

EL maniqueo de la semántica del uso de la fuerza por parte del gobierno es perversa e inconstitucional, en virtud de que con términos como “nacionalizar o expropiar” se incautan activos de particulares, quienes indefensos ante un poder judicial cooptado por el Ejecutivo, resuelven en contra de sus intereses.

Veremos hasta donde llega la autonomía e independencia de la que presume el ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar en torno a las expropiaciones en la Riviera Maya, lo que es un hecho que el asunto llegará hasta esa instancia y  que, con la aprobación de la contrarreforma eléctrica, tendrá dos casos de enorme trascendencia para el futuro y viabilidad del marco constitucional y por ende de todos los mexicanos.