La trifulca protagonizada por los diputados federales Arturo Ávila, de Morena, y Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, en las instalaciones del Senado, es mucho más que una lamentable escena protagonizada por dos legisladores que estuvieron a punto de pasar de los insultos y empujones a los golpes. Es, en realidad, otra expresión del grado de crispación que ha alcanzado la política mexicana y una advertencia de lo que puede venir conforme avance el proceso electoral de 2027. El problema no son solamente Ávila y Gutiérrez Mancilla, sino el ambiente político que permite que dos representantes populares consideren normal resolver sus diferencias como si estuvieran en un pleito callejero.

Tampoco vamos a caer en el exceso de afirmar que ambos personajes representan el comportamiento de los ciudadanos. Afortunadamente no es así. La inmensa mayoría de los mexicanos resuelve sus diferencias mediante el dialogo y espera que quienes cobran del erario hagan exactamente lo mismo. Arturo Ávila, a quien sus adversarios han bautizado como “Cero Votos”, carga además con sus propias polémicas y con un estilo particularmente confrontativo.

Lo ocurrido sería apenas una anécdota vergonzosa si no fuera porque refleja un problema mucho más profundo: México lleva años acumulando el combustible del encono y alguien insiste todos los días en acercarle un cerillo. La polarización no apareció espontáneamente en San Lázaro ni comenzó con estos dos diputados. Se ha construido durante años desde las más altas esferas del poder mediante una narrativa que divide a los mexicanos entre buenos y malos, conservadores y transformadores, ricos y pobres, fifís y chairos, patriotas y traidores.

Andrés Manuel López Obrador convirtió esa división en uno de los principales instrumentos políticos de su gobierno y Claudia Sheinbaum tuvo la oportunidad de modificar semejante dinámica al asumir la Presidencia, pero no lo ha hecho. Las mañaneras continúan siendo una formidable plataforma financiada con recursos públicos desde donde se hace propaganda política, pero también se combate políticamente, se responde a los adversarios, se descalifica a críticos y se establece buena parte de la agenda que después reproducen legisladores, dirigentes partidistas, gobernadores, funcionarios y ejércitos digitales, además de los medios de comunicación públicos y privados.

Por eso resulta contradictorio que después de elevar todos los días la temperatura política, aparezcan los llamados institucionales a la serenidad. Ignacio Mier, desde el Senado, y Kenia López Rabadán, desde la Cámara de Diputados, pueden pedir respeto, diálogo y civilidad entre los legisladores, y hacen bien porque esa es parte de su responsabilidad institucional, pero esos llamados servirán de poco mientras desde los partidos y particularmente desde el poder se siga considerando rentable convertir al adversario en enemigo. No se puede incendiar la pradera por la mañana y por la tarde reclamar prudencia.

Las recientes detenciones de personajes cercanos a Alejandro Moreno inevitablemente son interpretadas por el dirigente nacional del PRI como una escalada de la ofensiva gubernamental en su contra y, lejos de amedrentarlo, seguramente provocarán que suba todavía más el tono de sus acusaciones contra Morena y la 4T. “Alito” lleva tiempo utilizando señalamientos sumamente graves contra el oficialismo, incluso hablando de un “narcogobierno”, mientras desde Morena responden con acusaciones sobre corrupción y expedientes relacionados con el pasado del dirigente priista.

El resultado es que desaparece el debate sobre los grandes problemas nacionales y en su lugar aparece una política dominada por el garrote y la judicialización de temas políticos que da pie a los presos políticos.

Quien gobierna tiene una responsabilidad mayor, simplemente porque posee la tribuna más poderosa del país, administra enormes recursos públicos, controla buena parte de la comunicación institucional y dispone de una capacidad incomparable para establecer la conversación nacional. Por eso desde Palacio Nacional debería comenzar la despresurización de la vida pública.

La polarización puede resultar electoralmente rentable, pero muy costosa para la gobernabilidad.

El problema es que semejante estrategia tiene fecha de caducidad y deja costos enormes. Un país permanentemente confrontado deteriora sus instituciones, imposibilita los grandes acuerdos nacionales, ahuyenta consensos indispensables para generar inversión y crecimiento y termina trasladando la división política a las familias, centros de trabajo, universidades y calles. México enfrenta suficientes problemas de inseguridad, crecimiento económico, finanzas públicas, infraestructura y una relación particularmente compleja con Estados Unidos como para agregar deliberadamente una sociedad enfrentada consigo misma.