La iniciativa presentada por el senador Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para enfrentar la violencia en el ámbito escolar toca uno de los problemas más delicados y, al mismo tiempo, menos atendidos en toda su dimensión: la normalización de la violencia entre niños y jóvenes y su inevitable traslado a las aulas.

El tema no es nuevo para el dirigente magisterial. Desde hace tiempo el SNTE impulsa acciones para construir escuelas seguras y una cultura de paz, mientras Cepeda ha advertido que los problemas educativos no pueden separarse de la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades que padecen millones de jóvenes.

La propuesta merece discutirse sin prejuicios partidistas porque la violencia escolar dejó hace mucho de reducirse al bullying. En las escuelas confluyen hoy agresiones físicas, amenazas, hostigamiento en redes sociales, consumo de drogas, extorsiones y, en algunas regiones del país, la presencia cercana del crimen organizado. El propio Cepeda ha denunciado casos de estudiantes que amenazan o incluso agreden a profesores, además de planteles donde maestros necesitan protocolos para reaccionar ante balaceras o situaciones de inseguridad.

Pero sería un grave error pensar que una reforma legal resolverá por sí misma el problema. La violencia que estalla en un salón de clases generalmente comenzó mucho antes de que el alumno atravesara la puerta de la escuela.

Comienza, en muchos casos, dentro de hogares fracturados, con padres ausentes por largas jornadas laborales, violencia intrafamiliar o simplemente incapacidad para acompañar emocionalmente a niños y adolescentes. La escuela termina recibiendo problemas que se gestaron en la familia y que después se magnifican en la calle, las redes sociales y un entorno donde la agresividad se convierte paulatinamente en una forma aceptada de relacionarse.

A ello se suma una poderosa industria de mensajes aspiracionales que vende a los jóvenes una idea perversa del éxito: tener dinero rápido, automóviles, ropa de marca, poder y reconocimiento social, sin importar demasiado cómo se obtengan.

En ese ecosistema también aparecen ciertos narcocorridos y contenidos que glorifican al traficante, al sicario o al jefe criminal. No se trata de responsabilizar a una canción de la violencia nacional ni de abrir la puerta a la censura. El problema es más complejo: cuando esos mensajes llegan a jóvenes que viven rodeados de pobreza, abandono escolar, drogas y ausencia de expectativas, la narrativa del delincuente poderoso puede convertirse en un modelo aspiracional.

Y allí aparece otro fenómeno todavía más peligroso: el reclutamiento de adolescentes por organizaciones criminales.

¿Qué alternativa puede ofrecer el Estado a un muchacho que abandona la secundaria o el bachillerato, que no encuentra empleo digno y que observa todos los días cómo el delincuente de su colonia tiene dinero, armas, vehículos y poder? Esa batalla no se gana únicamente con policías ni mucho menos colocando detectores de metales en las escuelas.

Se gana reconstruyendo expectativas.

El propio Cepeda ha sostenido que la deserción escolar está relacionada con desigualdad, exclusión, falta de oportunidades y ausencia de políticas capaces de acompañar a los estudiantes. Esa reflexión debería formar parte central de cualquier estrategia contra la violencia escolar.

Por ello, la iniciativa debe ir acompañada de una política nacional mucho más ambiciosa en la que participen la SEP, las secretarías de Salud y Seguridad, los gobiernos estatales, municipios, padres de familia y, desde luego, los maestros, cuyo foco toral es la inclusión social.

Los docentes necesitan protocolos claros para enfrentar situaciones de violencia, pero también respaldo institucional. No puede ocurrir que un maestro tenga miedo de imponer disciplina, reprobar a un alumno o denunciar una agresión porque después queda abandonado frente a amenazas de estudiantes o familiares.

La escuela debe recuperar autoridad, pero una autoridad sustentada en reglas, respeto y responsabilidades compartidas.

También es indispensable fortalecer la atención psicológica y socioemocional dentro de los planteles. La propia SEP ha reconocido la importancia de que las escuelas sean espacios seguros y de desarrollar habilidades socioemocionales frente a entornos de violencia que incluyen las redes sociales.

La iniciativa de Alfonso Cepeda puede ser un buen punto de partida, siempre que el Congreso no caiga en la vieja tentación mexicana de creer que todos los problemas desaparecen publicando nuevas disposiciones en el Diario Oficial.

Porque ninguna ley podrá sustituir a una familia presente, a un maestro respaldado, a una escuela segura ni, sobre todo, a un Estado capaz de ofrecer futuro a sus jóvenes.

La violencia escolar no nació en las aulas, su génesis es multifactorial en donde efectivamente, se requieren muros institucionales, políticas públicas, familiares y profesores para contenerla y revertirla.

Es momento, no solo de combatir las consecuencias, sino también el origen del problema.