Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. Impuesto por usar las calles de la CDMX. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Dic 2021

240 veces

Mientras que el Banco de México lucha por frenar la inflación, Sheinbaum crea nuevos impuestos que alienta su crecimiento

Logra el SNTE mayor certeza laboral y va por pensiones dignas para sus agremiados

03 Dic 2021

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Luego de reconocer el compromiso de las autoridades del IPN para mejorar las condiciones laborales de los profesores, Cepeda Salas destacó que el SNTE también está cumpliendo porque “ya rebasamos las 511 mil basificaciones”

Afirma Alfredo Del Mazo que para superar los desafíos actuales y futuros en Edoméx, es necesario gobernar con madurez y avanzar con base en coincidencias

03 Dic 2021

236 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que, para afrontar y superar los retos presentes y futuros en el Estado de México, es necesario gobernar con madurez, dejar de lado las diferencias y avanzar con base en las coincidencias

Conferencia tras banderas. ¿AMLO si quiere que crezca la economía? desista y dimita. Por: Pepe Rocello

03 Dic 2021

396 veces

En todos los segmentos de nuestra realidad nos indica que esto va para peor, seguridad, pobreza, carestía, educación, desarrollo social y bienestar

Desde San Lázaro. La revocación de mandato con la mira después del 2024. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Dic 2021

205 veces

Esa base de adeptos es la que se movilizará, primero para alcanzar el número de firmas para realizar el ejercicio de revocación de mandato y luego, al acudir a votar, impedir que se vaya el presidente

Alfredo Del Mazo asegura que ayuntamientos, sociedad y gobierno estatal deben trabajar por el desarrollo de sectores más vulnerables

02 Dic 2021

238 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza enfatizó que las autoridades municipales y el Gobierno estatal, deben trabajar por el bienestar de los sectores más vulnerables y reconocer las aportaciones de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y las contribuciones de las mujeres

Se tenía que decir… Tres años de nada. Por: Santiago Cárdenas

02 Dic 2021

279 veces

Si se analizan los resultados de gobierno, López Obrador no tiene nada qué informar. Pero ¿Quién quiere informar cuando lo que importa es reiniciar sus mítines y sus “asambleas populares”?

Desde San Lázaro. Covid Fest en el zócalo. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Dic 2021

233 veces

El tamaño de la irresponsabilidad al convocar a un evento masivo con motivo de los tres años del gobierno, ante una posible cuarta ola de contagios del Covid-19, por la nueva cepa, cae en los terrenos fangosos de la ilegalidad

El salario rosa beneficia a 500 mil amas de casa; les permite sacar adelante a sus familias

01 Dic 2021

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El Gobernador Alfredo Del Maza entregó la tarjeta del Salario rosa número 500 mil a Adriana González Alfaro, ama de casa de 37 años del municipio de Jaltenco, y aseguró que este apoyo que su administración otorga a las jefas de familia por su esfuerzo diario en el hogar

Desde San Lázaro. Se cierra el cerco en contra de Ignacio Peralta. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Dic 2021

264 veces

El desastre financiero de ese estado tiene nombre y apellido, se trata de Ignacio Peralta y sus operadores financieros

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.