Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

Alfredo Del Mazo sostiene que tolerancia y diálogo son pilares de la democracia y rasgos de la fortaleza de instituciones del Edoméx

09 Dic 2021

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Tolerancia, diálogo y diversidad son pilares de la democracia y rasgos característicos del ejercicio administrativo que hace del Estado de México una entidad de instituciones fuertes

Desde San Lázaro. El PRI de Alito rumbo al matadero. Por: Alejo Sánchez Cano.

09 Dic 2021

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Cuando de emitir su voto se trata, vemos que los diputados federales del tricolor son contradictorios y farsantes, ya que afirman ser parte del grupo opositor, pero en la realidad, hacen lo contrario

Con el respaldo de las instituciones de seguridad se trabaja para tener una policía mejor preparada al servicio de las familias mexiquenses: Alfredo Del Mazo

08 Dic 2021

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Al encabezar la Ceremonia del Día del Policía Mexiquense, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que, con el respaldo y compromiso de las instituciones de seguridad, cada día se cuenta con corporaciones mejor preparadas y equipadas, confiables y listas para cumplir con su misión

Secuestro, trata y robo al transporte, al alza en el gobierno de Alfaro

08 Dic 2021

243 veces

En octubre se registraron dos denuncias por secuestro; en los primeros 10 meses del año se acumularon 17 y, en lo que va de la administración, suman 31. Con ello, Jalisco está en el lugar 29 a nivel nacional

Desde San Lázaro. Un gabinete muy limitado e inoperante. Por: Alejo Sánchez Cano

08 Dic 2021

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El gabinetazo del presidente López Obrador es de muy bajo perfil académico y profesional, salvo algunas honrosas excepciones que no rebasan los dedos de una mano, los demás dan pena ajena en sus apariciones públicas

Asegura Alfredo Del Mazo que la cultura y valores del Edoméx lo convierten en una tierra de apertura, igualdad y tolerancia

07 Dic 2021

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A través de sus tradiciones, sus valores y su carácter, el Estado de México se define como una tierra de apertura, igualdad y tolerancia, que nos unen y nos identifican

Desde San Lázaro. Capricho presidencial mató dos aeropuertos. Por: Alejo Sánchez Cano.

07 Dic 2021

243 veces

Santa Lucía representa un monumento a la corrupción, a la negligencia y a la estupidez, y cada avance que se da en su construcción nos recuerda el enorme boquete que representa la cancelación del NAIM para las finanzas públicas

Profundizar en la democracia para servir mejor a los agremiados

06 Dic 2021

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El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) destacó que la Toma de Nota de cada una de las secciones fue otorgada por unanimidad de los 25 magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje

Informa Alfredo Del Mazo reducción de delitos de alto impacto en Edoméx durante 2021

06 Dic 2021

215 veces

En la incidencia delictiva, se ha tenido durante el año 2021, tenemos una disminución en la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto en general, y en especial, una disminución en siete de estos delitos

Como veo, doy. PES, RSP y FXM, en manos del TEPJF ¿Se quedan o se van? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

06 Dic 2021

297 veces

Será hasta el próximo miércoles 8 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decida el destino de los tres partidos políticos que en la reciente elección federal no alcanzaron ese 3% de la votación nacional

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.