Notas principales

24 Abril, 2026

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Notas principales

El SNTE y el gobierno de San Luis Potosí acuerdan diálogo permanente

07 Ene 2022

256 veces

Durante esta visita a San Luis Potosí, el maestro Alfonso Cepeda dialogó con los integrantes de los Órganos de Gobierno seccional, que el pasado 13 de diciembre tomaron protesta, luego del proceso de elección en el que participaron siete planillas

Regreso seguro a las aulas con el refuerzo de vacuna anticovid

07 Ene 2022

244 veces

Cepeda Salas confió en que, con el refuerzo de la vacuna y las medidas sanitarias pertinentes, en este 2022 el cien por ciento de los alumnos acudan a las clases presenciales

Desde San Lázaro. Vitacilina y Vick-VapoRub para Alcocer y Gatell. Por: Alejo Sánchez Cano.

07 Ene 2022

276 veces

Tanto Jorge Alcocer, secretario de Salud como el Subsecretario, Hugo López Gatell, han preferido ponerse de tapete al presidente, en lugar de impulsar medidas con bases científicas para atenuar los efectos de la pandemia y con ello, evitar que fallecieran tantas personas por el virus

Se tenía que decir…Vaporub. Por: Santiago Cárdenas

06 Ene 2022

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“Lo que usan las mamás, el VapoRub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, y los tés”, recomendó el titular de la Secretaría de Salud

Desde San Lázaro. La educación, otro fracaso de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Ene 2022

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El modelo actual de educación con sus programas de estudios, salvo honrosas excepciones, requiere una adecuación general a la nueva realidad impuesto por la pandemia

Desde San Lázaro. Los grilletes de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Ene 2022

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La inflación y el alto costo de los combustibles son los estigmas que traerá colgado AMLO en los próximos años

Conferencia tras banderas. Los deseos de Obrador, perdón son su responsabilidad. Por: Pepe Rocello

04 Ene 2022

284 veces

Lo que no entiende AMLO es que los tres deseos están en el ámbito de su competencia y por ello cobra más de ciento veinte mil pesos al mes, no para que lo desee, sino para que trabaje junto con su gabinete de inútiles, serviles e incondicionales para resolver lo que desea

Desde San Lázaro. La economía en 2022: Sálvese quien pueda. Por: Alejo Sánchez Cano

04 Ene 2022

229 veces

Para este año, el aumento de la inflación, que en los últimos meses de 2021 alcanzó niveles que no se veían desde hace 20 años, y un menor crecimiento de la economía son el panorama que se puede anticipar para 2022.

Como veo doy. !!Cuidado con la depresión blanca¡¡ Por: Jorge Luis Galicia Palacios

03 Ene 2022

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Después de las fiestas de diciembre y ahora con la llegada del año nuevo, no está por demás tomar en cuenta las recomendaciones que desde las instituciones médicas se hacen llegar a la ciudadanía en general en cuanto a la salud mental

Desde San Lázaro. Ómicron, la tumba de Gatell. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Ene 2022

307 veces

Está visto que el presidente López Obrador no va a despedir a López Gatell ya que su fiel lacayo ha cumplido al pie de la letra sus indicaciones en torno a no gastar más de lo necesario en la compra de vacunas COVID

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.