Notas principales

18 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Alternancia por la vía pacífica e institucional. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Ago 2025

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El gobierno busca destruir los puentes que les permitieron acceder al poder para que nadie más pueda pasar por ellos

Como veo, doy. ¿Quién en Venezuela aguantará el cañonazo de 50 millones de dólares? Por: Jorge Luis Galicia Palacios

25 Ago 2025

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El anunció del nuevo monto de la recompensa ofrecida fue dado a conocer por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi

Desde San Lázaro. Gran fiesta por la nueva Corte. Por: Alejo Sánchez Cano.

25 Ago 2025

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La línea de trabajo del presidente ministro, Hugo Aguilar será la limitante de tener “más margen que lo que la ley establece, pero con un acento social”

Desde San Lázaro. Brugada debe esclarecer los asesinatos. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Ago 2025

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El tema es de suma importancia, toda vez que el certero golpe de los criminales a Brugada representa una victoria de los delincuentes que asesinaron a Ximena Guzmán y José Muñoz

Desde San Lázaro. El desabasto y las rutas de salud. Por: Alejo Sánchez Cano

21 Ago 2025

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Mientras no se reconozca el problema de desabasto de medicamentos en toda su magnitud, no habrá poder humano que sirva para resolverlo

Desde San Lázaro. Ilegítima la nueva SCJN. Por: Alejo Sánchez Cano

20 Ago 2025

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El proyecto que presenta hoy el magistrado Rodríguez Mondragón a la Sala Superior de TEPJF sostiene que se debe anular la elección por la distribución de guías de votación (acordeones)

Desde San Lázaro. Morena camina sin Andy. Por: Alejo Sánchez Cano

19 Ago 2025

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Es un hecho que Morena camina mejor sin el lastre que significa cargar con Andy, no obstante sus jornadas “extenuantes de trabajo”

Como veo, doy. Vecinas y vecinos eligen proyectos comunitarios en la CDMX. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

18 Ago 2025

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Los más de 13 mil proyectos que propusieron las capitalinas y capitalinos para ejercer el Presupuesto Participativo 2025 buscan mejorar espacios públicos

Desde San Lázaro. Rompimiento a la vista. Por: Alejo Sánchez Cano

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El legado de la primera mujer presidenta de México pasa necesariamente por la fractura de la relación con su mentor

Como veo, doy. Nuevo sistema de partidos sin los vicios actuales. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

11 Ago 2025

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Por lo pronto, desde el Ejecutivo federal se ha anunciado la creación de una comisión que se encargará de redactar una iniciativa de ley que reforme el actual ordenamiento electoral

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.