Notas principales

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Desde San Lázaro. Te vigilo, pero no dejo que me vigiles. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Jul 2025

277 veces

La judicialización y la persecución del SAT a los opositores al régimen se recrudecerán con la venia del Poder Judicial

Desde San Lázaro. Totalitarismo y recesión económica. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Jul 2025

304 veces

La autoridad tendrá acceso libre e irrestricto, incluso sin que medie orden judicial sobre la información biométrica, fiscal, médica, financiera, registral, telefónica y de geolocalización de todos los ciudadanos

Como veo, doy. Mayorías legislativas no siempre tienen la razón. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

30 Jun 2025

293 veces

Sobre aviso no hay engaño, nos advierte un adagio muy popular y que bien valdría la pena que nuestros legisladores hicieran lo posible por entender el significado de dicha expresión

Desde San Lázaro. El lugar de la presidenta en la historia. Por: Alejo Sánchez Cano

30 Jun 2025

331 veces

La doctora Sheinbaum tiene que tomar serias decisiones en torno a su relación cercanísima con Andrés Manuel López Obrador

Desde San Lázaro. Premios a la ineptitud y a la deshonestidad. Por: Alejo Sánchez Cano

27 Jun 2025

292 veces

Hugo López Gatell y Juan Antonio Ferrer, dos auténticos “próceres de la 4T”, llevarán cargando para siempre el estigma de ineptos y corruptos

Con visión de futuro, Mara Lezama fortalece infraestructura sanitaria en Cozumel al duplicar la capacidad de la planta “San Miguelito”

26 Jun 2025

265 veces

Con responsabilidad y visión de futuro enfrentamos el crecimiento demográfico y el flujo de turismo para garantizar la salud de las y los cozumeleños

Amarra Manolo Campeonato Nacional Charro para Coahuila

26 Jun 2025

345 veces

Desde la Ciudad de México, junto con integrantes de la Unión de Charros de Coahuila, participamos en la Sesión Ordinaria de la Federación Mexicana de Charrería

Desde San Lázaro. Rip al INE, TEPJF, pluris y financiamiento a partidos políticos. Por: Alejo Sánchez Cano

26 Jun 2025

268 veces

Es decir, se le cortan la autonomía y la independencia al INE y al TEPJF en aras de mantener el control por parte del gobierno

Desde San Lázaro. Censura, represión y elecciones ilegítimas. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Jun 2025

323 veces

A diario saltan a la luz casos de represión y censura por parte de varios gobernadores como Alejandro Armenta, de Puebla o Layda Sansores, de Campeche

Desde San Lázaro. Avanza Ley Antilavado en el Senado; intromisión a datos personales. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Jun 2025

317 veces

El senador precisó que la reforma no da nuevas facultades penales ni rompe ningún control judicial

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.