Notas principales

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Notas principales

Como veo, doy. No a la #LeyCensura en Puebla. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

16 Jun 2025

272 veces

En verdad preocupa el nuevo ordenamiento aprobado para el Código Penal en Puebla

Desde San Lázaro. Respeto de Trump a la comunidad mexicana. Por: Alejo Sánchez Cano

16 Jun 2025

282 veces

Lo relevante, es que, por un lado, perciba Trump que no se le tiene miedo y por otro, asumir que México es el principal social comercial de Estados Unidos

Desde San Lázaro. Ministros con taparrabos. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Jun 2025

240 veces

La iniciativa propone cambiar el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obliga el uso de togas de seda negra y puños blancos

Desde San Lázaro. Las repercusiones internacionales de la mañanera. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Jun 2025

228 veces

El primer encuentro entre ambos será muy complicado para la parte mexicana

Desde San Lázaro. Marco normativo que impulse el desarrollo digital. Por: Alejo Sánchez Cano

11 Jun 2025

282 veces

Sin duda, se avanzó con la decisión de eliminar el artículo 109, pero si no se acotan y se eliminan las imprecisiones del artículo 3, se corre el riesgo de ampliar indebidamente el alcance de la ley

TEPJF y la AMFE suman esfuerzos contra la violencia política hacia las mujeres

10 Jun 2025

276 veces

A través de este instrumento, ambas instituciones crearán un protocolo de actuación de manera conjunta ante los casos de violencia política que atiendas las causas

La violencia no representa al magisterio

10 Jun 2025

284 veces

Estos comportamientos no representan el actuar de la mayoría de las y los maestros de México, quienes se rigen por los principios de civilidad, respeto

Instala Mara Lezama la Mesa de Estrategia de Sargazo 2025 en Quintana Roo para atender con fortaleza el arribo del alga

10 Jun 2025

311 veces

El objetivo prioritario es establecer y aplicar líneas de acción para la atención del recale de sargazo y tener las playas limpias el mayor tiempo posible para el disfrute de las familias quintanarroenses

Avanza fortalecimiento y modernización de la Fiscalía General del Estado

10 Jun 2025

271 veces

En esta ceremonia se entregaron 10 vehículos utilitarios a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado

Desde San Lázaro. Despierta el tigre, aquí y allá. Por: Alejo Sánchez Cano

10 Jun 2025

295 veces

Tanto Claudia Sheinbaum como Donald Trump están rebasados por la realidad y por propias decisiones que han provocado la ira de los ciudadanos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.