Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Como veo, doy. Consolidar el proyecto transformador, el reto de Mario Delgado en Morena. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

26 Oct 2020

445 veces

Casi dos años tuvieron que pasar para que en las filas del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por fin, así parece, sus integrantes podrán dar vuelta a la hoja de su historia de conflictos

Desde San Lázaro. Se perfilan Sheinbaum, Ebrard y Monreal. Por: Alejo Sánchez Cano.

26 Oct 2020

292 veces

A tan solo dos años del actual sexenio, pero a solo tres de que las fichas rumbo a la sucesión presidencial se acomoden, no es nada descabellado que ya se coloquen a Shienbaum, Ebrard y Monreal como los buenos para la grande

Acuerdan Gobernadores reforzar vigilancia y patrullaje coordinado en zonas limítrofes entre SLP y Zacatecas

23 Oct 2020

257 veces

Los Gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López y de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad pública

Se tenía que decir… Pobre Sonora. Por: Santiago Cárdenas.

23 Oct 2020

354 veces

Alfonso Durazo fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana por el presidente López Obrador no porque supiera o conociera del tema, sino porque en los últimos 14 años mostró lealtad al proyecto lopezobradorista.

Desde San Lázaro. AMLO estará en las elecciones del 2021. Por: Alejo Sánchez Cano.

23 Oct 2020

255 veces

La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular y se expide la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de 2021.

Se reúne JM Carreras con el Secretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis

22 Oct 2020

270 veces

El mandatario potosino, dio a conocer que Arganis Díaz Leal, podría visitar San Luis Potosí en el mes de noviembre, para dar continuidad a la consolidación de los proyectos anunciados, además de que se cumple con los dispuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Ganaderos consideran necesario garantizar la identificación animal para mantener exportaciones de ganado y carne de bovino con seguridad sanitaria.

22 Oct 2020

677 veces

Los productores coincidieron en que se deben corregir fallas y simplificar los trámites en el suministro de los aretes, pues la tramitología interna del sistema resta eficacia y hace engorroso para los productores el acceso a estos servicios

Desde San Lázaro. Deuda y más deuda, y dónde está el dinero. Por: Alejo Sánchez Cano

22 Oct 2020

269 veces

Cuando uno analiza el dictamen de la Ley de Ingresos 2021, se observa que el problema es que la deuda como proporción del PIB ronda en niveles que deben prender las alertas rojas, esto sin que haya habido un programa de estímulos a la economía.

Conferencia tras banderas. Narco complacencia o promesa incumplida. Por: Pepe Rocello

21 Oct 2020

285 veces

La ONU calcula que, en los países de las Américas, los ingresos anuales provenientes de las drogas ascienden a alrededor de 150,000 millones –poco menos de la mitad del volumen mundial– aunque otras estimaciones son más bajas.

Se tenía que decir… Hidalgo y Coahuila no marcan tendencia. Por: Santiago Cárdenas.

21 Oct 2020

337 veces

Morena no es invencible. Muchas voces daban por hecho que el arrollador resultado de la elección de 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador mantendría su efecto hasta estos días

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.