Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Se tenía que decir… Un informe frente al espejo. Por: Santiago Cárdenas.

06 Abr 2020

328 veces

El principal destinatario de su mensaje fue el espejo. López Obrador es hoy el emperador caminando sin ropa, y no hay nadie en su gabinete que sea capaz de hacérselo notar.

Desde San Lázaro. Administración pública, a trabajar. Por: Alejo Sánchez Cano

06 Abr 2020

237 veces

Esta consideración aplica a los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno

JM Carreras coordina con gobierno federal estrategia de seguridad en SLP

05 Abr 2020

248 veces

El mandatario estatal destacó la importancia de la coordinación con las autoridades federales, en especial para salvaguardar la integridad de las familias potosinas por la contingencia sanitaria y evitar la propagación del virus Covid-19.

Destaca Gobernadora labor de profesionistas para crear prototipos de respiradores artificiales

05 Abr 2020

249 veces

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó las instalaciones del Centro de Innovación y Prototipado (CIP), empresa cien por ciento sonorense, con personal dedicado a la industria aeroespacial y automotriz, donde actualmente se producen prototipos de ventiladores artificiales

Del Mazo anuncia estrategia para combatir violencia intrafamiliar durante emergencia sanitaria

04 Abr 2020

285 veces

"Garantizar la protección de los derechos de las mujeres es una prioridad. Por ello debemos estar atentos e identificar situaciones de violencia entre vecinos, familiares y conocidos"

¡No lo olvides! Adelanta tu reloj una hora por el inicio del horario de verano

04 Abr 2020

288 veces

Antes de irte a dormir, no olvides que debes de adelantar tu reloj una hora ante la entrada del horario de verano a partir del 5 de abril.

Se tenía que decir… Salud, bienestar y empleo. Por: Santiago Cárdenas.

03 Abr 2020

273 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este fin de semana, en el marco de un nuevo “informe”, dará a conocer diversas medidas con las que su gobierno buscará mitigar el impacto que la pandemia del coronavirus provocará en México.

Desde San Lázaro. PAN y PRI, pierden la brújula. Por: Alejo Sánchez Cano

03 Abr 2020

259 veces

Mal por el PAN y el PRI por no saber ser una oposición responsable en tiempos de la 4T, pésimo por ser comparsa en el nuevo entramado jurídico que se está llevando a cabo desde el congreso al conformar otra vez la dictadura perfecta.

Urge Gobernadora a sonorenses a quedarse en casa y anuncia inversión en equipo hospitalario

02 Abr 2020

218 veces

Al reiterar la urgencia de que cada quien haga la parte que le corresponde, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a las y los sonorenses a quedarse en casa

Orbi 21. The Worst Three. Por: Cristina Cardeño Gama

02 Abr 2020

294 veces

Dolorosamente, nuestro gobierno ha dejado ver que tiene más en común con el gobierno populista de derecha en Brasil, y no faltaba más, con nuestro vecino del norte, como las peores manos políticas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.