Notas principales

25 Abril, 2026

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Desde San Lázaro. Mantener a la empresa, es preservar los empleos. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Abr 2020

233 veces

Un paso fundamental para la recuperación económica en el mediano plazo será la fluidez como se mantengan las cadenas de suministro mundiales a partir de líneas comerciales abiertas y sin obstáculos de medidas arancelarias,

Adultos mayores con diabetes o hipertensión recibirán atención y medicinas en sus hogares: Alfredo del Mazo

01 Abr 2020

290 veces

"Tenemos registrados 120 mil adultos mayores que padecen diabetes o hipertensión, para protegerlos se les estarán entregando en sus hogares los medicamentos necesarios para cuidar de su salud"

Se tenía que decir… Olga Sánchez Florero. Por: Santiago Cárdenas.

01 Abr 2020

804 veces

El presidente les da indicaciones y ellos se encargan de ejecutarlas. No opinan, no sugieren y mucho menos actúan sin el consentimiento de su jefe. López Obrador hace la chamba de todos ellos.

Desde San Lázaro. Toda crisis representa una oportunidad de progresar. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Abr 2020

308 veces

Hay que reinventarse en el ámbito de nuestras actividades productivas y también en buscar un nuevo capitán de la nación que asuma el control del barco que se hunde en estos momentos.

Desde San Lázaro. Mensajes contradictorios confunden a la sociedad. Por: Alejo Sánchez Cano

31 Mar 2020

326 veces

Mientras que el llamado a aislarse es general, el presidente López Obrador, hace lo contrario y con esas señales confunde a la ciudadanía ya que una parte de ella se muestra escéptica ante los letales daños del Covit-19

Se tenía que decir… ¿El Presidente narco? Por: Santiago Cárdenas.

30 Mar 2020

461 veces

La escena es atestiguada por mucha gente de seguridad, del presidente y de doña Consuelo, y por el abogado de “El Chapo”, José Luis González Mesa, quien toma del brazo a Andrés Manuel López Obrador con mucha familiaridad y cruza breves palabras con él.

Como veo, doy. Médicos y enfermeras, héroes anónimos mal remunerados. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

30 Mar 2020

319 veces

Aún mal pagados salen todos los días de sus hogares a rifársela por la salud de la gente, y ante la enfermedad Covid19 hacen su mejor esfuerzo para atender una enfermedad que apenas empiezan a conocer

Desde San Lázaro. Crisis medida, económica y mal gobierno. Por: Alejo Sánchez Cano.

30 Mar 2020

267 veces

El letargo para apoyar a la planta productiva del país, a los trabajadores e incluso a la economía informal, traerá graves consecuencias para el empleo y para el mismo desarrollo económico del país.

Juan Manuel Carreras anuncia paquete por más de 3,200 mdp para SLP ante contingencia por COVID-19

29 Mar 2020

231 veces

El plan se divide en cuatro ejes: Incentivos fiscales para proteger el aparato productivo y el empleo; apoyos económicos a personas y sectores productivos afectados; infraestructura y compras gubernamentales, y apoyos sociales y alimentarios.

Gobierno del Estado aplica el programa “Estamos en Contingencia, pero #EstamosEnAlerta”

28 Mar 2020

225 veces

Pidió llamar al 9-1-1 de la Secretaría de Seguridad Pública para denunciar casos de violencia, para ser canalizadas a Telmujer.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.