Notas principales

25 Abril, 2026

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Notas principales

Se tenía que decir… ¿De verdad no hay más que ellos? Por. Santiago Cárdenas.

17 Ene 2020

309 veces

Ahora se conoció el caso de Roberto Valdovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, sobre quien pesan cinco quejas que fueron presentadas ante el Órgano Interno de Control y el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Desde San Lázaro. Avanza el T-MEC, pero regresó William Barr. Por: Alejo Sánchez Cano

17 Ene 2020

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Se mantiene América del Norte como una de las zonas más fuertes del orbe en materia de competitividad comercial

Coloca JM CARRERAS y autoridades de seguridad primera piedra de Guardia Nacional en SGS

16 Ene 2020

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El mandatario estatal indicó que se impulsa la obtención de terrenos para la construcción de más compañías de la Guardia Nacional en las cuatro regiones, específicamente en Tamazunchale, Ciudad Fernández-Rioverde, Matehuala y Villa de Reyes.

Orbi 21. Cambio Climático, responsabilidad global. Por: Cristina Cardeño Gama

16 Ene 2020

296 veces

Ese desentendimiento es la gran causa del caos que enfrentamos hoy en día, sin que haya una solución fehaciente e inmediata que detenga el deterioro del planeta

Desde San Lázaro. La sobremesa en palacio nacional. Por: Alejo Sánchez Cano.

16 Ene 2020

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Los nuevos lineamientos que aprobó la Conago que normarán las mesas de seguridad en las entidades del país, señalan que no será obligatoria la presencia de los gobernadores, no serán forzosamente “mañaneras”, ni se llevarán a cabo en las zonas militares de los Estados

Se tenía que decir… La venta del avión presidencial siempre ha sido una mentira. Por: Santiago Cárdenas.

15 Ene 2020

306 veces

El tiempo demostró que todo fue un engaño. El avión presidencial no se ha vendido, y el gobierno de México decidió regresarlo a México para continuar con un supuesto proceso de venta, ahora en una subasta. Es decir, la mentira continúa.

Desde San Lázaro. Insuficiencia alimentaria a la vista. Por: Alejo Sánchez Cano.

15 Ene 2020

210 veces

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados destaca en su más reciente estudio, que la erradicación de la pobreza y la inseguridad alimentaria requieren de transformaciones en las relaciones de los ámbitos rural-urbanos.

Quirino entrega créditos para vivienda a maestros

14 Ene 2020

210 veces

“Yo quiero cumplirle a los maestros de Sinaloa porque esto es un acto de justicia”, señaló el gobernador Quirino Ordaz Coppel ante los beneficiarios que se dieron cita en el Salón 53.

OCDE ayudará al rescate del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora

14 Ene 2020

213 veces

El Gobierno de Sonora se convirtió en el primer estado de la Federación que trabajará con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la sustentabilidad de su principal ente de seguridad social.

Conferencia tras banderas. Del TLC al T-MEC, de la integración a la competencia. Por: Pepe Rocello.

14 Ene 2020

244 veces

Curiosamente, en ello, el Comandante Supremo de la “Cuatroté” y el equipo negociador de la anterior administración, no han tenido ni siquiera el derecho de réplica en esta revisión forzada del TLC

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.